Opinión

Aleph

¿Otro crimen de Estado?

Carolina Escobar Sarti

Carolina Escobar Sarti

Acabo de ver el Mapa Mundial del Hambre, producido por la FAO. El único país de todo el continente americano marcado en color rojo es Guatemala, y esto se debe a que somos el único país de la región que no avanzó en el cumplimiento del Objetivo 1 de Desarrollo del Milenio acordado planetariamente en el año 2000: erradicar la pobreza extrema y el hambre. Es más, el color rojo sobre Guatemala habla de retrocesos en este rubro.

Será porque en este “país”, uno de cada dos niños y niñas menor de cinco años, padece desnutrición crónica. Una de ellas acaba de morir. Se llamaba Mavelita Interiano Amador, era de Camotán y tenía apenas 8 años; pesaba 35 libras y era atendida en el hospital Roosevelt al momento de su muerte, luego de haber sido atendida en hospitales de Chiquimula y Cuilapa. La orden judicial emitida a su favor en el año 2013 (!) por un juez de Zacapa, obligaba al Estado de Guatemala a garantizarle la vida, porque precisamente sus derechos a la vida, la salud, la educación, la alimentación y la vivienda, jamás habían sido garantizados. Prueba de que ley no es justicia, es que esta disposición judicial no bastó para mantenerla con vida y restituirle todos sus derechos. A su corta edad había sido sometida a cuatro cirugías y esperaba una quinta, la mayoría de ellas, debido a una obstrucción intestinal. Esto no tiene otro nombre que tortura.

En su momento, la Procuraduría de Derechos Humanos señaló como responsable —por omisión— al Estado guatemalteco. Hoy más que nunca sigo estando de acuerdo con ese señalamiento. Cuando el juez emitió la orden, hace cuatro años, ordenó a diez instituciones del Estado ejecutar veintiséis medidas específicas para restituir los derechos violados a Mavelita y otros cuatro niños y niñas más. Esto pedía una respuesta urgente e integral, así como un proceso de supervisión y monitoreo constante. Sin embargo, las respuestas que llegaron fueron insuficientes, parciales y de corte asistencialista. Les mandaron estufas ahorradoras que nunca terminaron de instalar, filtros purificadores de agua que jamás tuvieron mantenimiento ni instrucciones de uso, por ejemplo. Y todo volvió a la “normalidad”.

Llevamos veinte años de programas contra la desnutrición y esta parece no acabarse nunca. Es obsceno que el ménage à trois entre las elites políticas, militares y empresariales de Guatemala haya socavado al país por la vía de la corrupción durante las últimas décadas, mientras más y más Mavelitas siguen muriendo a causa de la desnutrición. Es obsceno que se inviertan solo 0.73 centavos de dólar por cada niño/a en Guatemala, mientras que el costo por cada kilómetro de carretera es de 8.5 millones de quetzales, seis veces más caro que en Europa —y no precisamente porque le paguen mejor a quienes las construyen con sus manos—. Estos datos, el primero de Icefi y el otro de G. Pineda en PzP (15/08/17), son apenas algunas de las muchas evidencias de tal obscenidad, por si la muerte de la niña no fuera suficiente.

¿Lo sucedido a Mavelita podría ser calificado como un crimen de Estado? Sí, según la definición de Green & Ward (2000): “Es la desviación organizacional por parte de agencias del Estado que involucra la violación de derechos humanos”, concepto aceptado por la Iniciativa Internacional de Crímenes de Estado (ISCI, www.statecrime.org).

En Guatemala, nos hacemos los locos con los temas que duelen, porque están relacionados con preguntas que no nos queremos hacer. Esta indiferencia moral es la misma que nos hizo llorar por las 3,045 víctimas del 11-S en Nueva York, y no percatarnos de las 24 mil que murieron de hambre ese mismo día. Los dos hechos aberrantes, pero la normalidad no es noticia. Mavelita ha muerto, tan tortuosamente como las 41 adolescentes del Hogar Virgen de la Asunción. Algo nos dice todo esto.

cescobarsarti@gmail.com