Me parece muy sano que se cuestione nuevamente en la agenda pública lo referente a la “Canasta básica alimentaria” y la manera como el Instituto Nacional de Estadística (INE) ha venido definiendo, midiendo y aplicando este concepto. Sobresale en el cuestionamiento que no sean públicas ni la metodología de cálculo ni las variaciones que han aplicado a la misma en este gobierno, ni la manera en que se recolecta y se procesa la información. Una entidad tan débil como el INE, aunque cuente por fortuna con varios profesionales con mucha experiencia y formación en temas estadísticos, debería aprovechar estos cuestionamientos para fortalecerse a partir de una clara política de transparencia sobre los métodos y procedimientos que aplica detrás de cada cifra que genera y oficializa.

En mi opinión, se ha confundido lo que es establecer la composición de una canasta básica alimentaria (CBA), que debería cumplir con requisitos calóricos cuantitativos y cualitativos mínimos, con la descripción de los patrones de consumo alimentario vigentes en la población. Los patrones de consumo difieren ampliamente entre grupos poblacionales según la capacidad de compra —ingreso—; el nivel educativo, la cultura, el acceso a información y el estilo de vida. La o las “canastas básicas alimentarias”, en cambio, deberían ser un instrumento de referencia que se genera para informar y orientar el consumo y para promover hábitos alimentarios saludables de vida en las personas, y orientar las políticas alimentarias y económicas. Quien ha hecho mucho énfasis en este enfoque recientemente es la periodista Carmen Quintela, de Plaza Pública, con sus excelentes reportajes. Seguir en la tónica de que el patrón alimentario actual de la población es equivalente a la canasta básica alimentaria que se debe poder cubrir con el salario mínimo solo reduce la posibilidad de que algún día se puedan aplicar medidas realmente de fondo para reducir la desnutrición crónica en el país.

Obviamente, esto lleva a un segundo tema: no podrían incluirse en la definición de una canasta básica alimentaria, alimentos o consumos nocivos a la salud o habría que moderar la ingesta de algunos de ellos. Esto podría perjudicar a muchos que actualmente producen, distribuyen y/o venden alimento y bebida chatarra a la población.

Finalmente están las implicaciones sobre el cálculo del costo de dicha canasta alimentaria básica: apoyo sin duda que se expliquen los cambios metodológicos que hizo el INE al recalcular ahora el costo de la canasta hacia abajo, pero, cuando lo que tenemos mayoritariamente es una población desnutrida y malnutrida —rayando en obesidad en algunos casos—, lo que procede es replantear la manera como estamos calculando el salario mínimo en general. Especialmente, porque, según la Encovi 2014, el 64% de la población ocupada que generaba sus ingresos por la vía del salario tenía ingresos promedio menores al salario mínimo establecido para ese entonces. Es decir, el método de cálculo empleado, antes o ahora, no tuvo mayor efecto sobre el ingreso real de la gente.

Por ende, lo que necesitamos es tener una metodología que permita saber periódicamente lo que cuesta que toda persona tenga la posibilidad como mínimo de alimentarse saludablemente. Utilicemos el debate metodológico abierto para replantear cómo la política económica y salarial debe propiciar, como mínimo, que la gente pueda tener opción real de adquirir canastas alimentarias saludables y culturalmente pertinentes. Sería una medida altamente efectiva y sostenible para reducir efectivamente la desnutrición crónica en el país.

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