Los acontecimientos políticos que han convulsionado a nuestra sociedad en las últimas semanas, en el contexto de la cruzada contra la corrupción y sus repercusiones en el ejercicio público, confirman que vivimos un momento complejo y crucial en la actividad política de nuestro país.

Más allá de los hechos derivados de la crisis que generó la decisión del presidente de nuestro país con relación al jefe de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala (Cicig), que culminaron en nuevas manifestaciones masivas de la ciudadanía y de acciones legales, vale la pena darse cuenta de que ante cualquier amenaza de retroceder los esfuerzos contra la corrupción, los guatemaltecos ya no callan.

La acción ciudadana en esta coyuntura predomina. Ya nadie se queda con los brazos cruzados. La ciudadanía responde para legitimar las figuras institucionales y personales que personifican los esfuerzos de la lucha contra la corrupción frente a las fuerzas de poder y de los intereses sectarios que se oponen a ello.

No sorprende que en este contexto ha sido crucial la irrupción de las nuevas tecnologías de la información que han venido a resquebrajar el monopolio de la información, hasta ahora en poder de los medios tradicionales, propiciando con ello una creciente ciudadanía informada y empoderada.

Lo que esto refleja es el imperativo de un cambio de paradigma de hacer política y consiguientemente, del ejercicio público. Evidentemente esto comienza con la necesidad del surgimiento de un nuevo “personaje político” que se adapte a las recientes demandas ciudadanas, que devuelva la dignidad a la actividad pública y recupere la confianza de la gente hacia la actividad política, pero, sobre todo, que sepa unificar —sin importar color de piel, grupo étnico o estatus social, bajo el azul y blanco de nuestra bandera.

La corrupción del sistema político actual ha derivado en la configuración de fuerzas y partidos políticos cuya finalidad es buscar el poder para convertir los asuntos públicos en una fuente para hacer negocios, enriquecerse y perpetuar las condiciones que mantienen sumido al país en desigualdad, falta de competitividad y estancamiento económico. De ahí que esfuerzos como los de la Cicig toquen intereses y choquen frontalmente con la política tradicional hasta derivar en crisis de Estado como la que vivimos estos días.

Por eso estamos en un momento crucial que supone un parteaguas para el quehacer político. No hay vuelta atrás para el futuro digital y el empoderamiento de la ciudadanía, que demanda nuevos políticos y líderes basados en la ética, la probidad y, principalmente, la transparencia. Quienes desafían esta realidad están condenados al fracaso, porque más temprano que tarde el empoderamiento digital propiciará un mejor acceso a la información y del ejercicio de la fiscalización y auditoría ciudadana.

Quizá sea oportuna una mirada hacia valores ancestrales de liderazgo y de servicio público basados en la vocación de servicio, la sabiduría y la experiencia; el consenso y la fuerza comunal, adaptados a un mundo digital, hiperconectado e informado, que también ha revolucionado la relación entre políticos, ciudadanía y el ejercicio del poder.

Estamos ante un cambio de paradigma y la posibilidad de recuperar los verdaderos valores de la democracia. Hoy, cada uno de nosotros tenemos la oportunidad de tomar las riendas de la dirección de nuestro país. Vemos que para algunos es difícil poner al país antes que sus intereses propios, pero para los demás: nosotros somos el país, ¡somos Guatemala!