La Corte de Constitucionalidad y la Procuraduría de los Derechos Humanos contribuyeron ayer a tratar de poner orden en las manifestaciones anunciadas para hoy por el Comité de Desarrollo Campesino (Codeca), mientras el Sindicato de Transporte Pesado de Guatemala anunció que paralizará las labores de 15 mil pilotos en todo el país mañana y que el viernes bloqueará fronteras e impedirá el ingreso a la capital. Esto obliga a respaldar las medidas decididas por la CC y la PDH de pronunciarse en contra de esta clara amenaza cuyo resultado es la ingobernabilidad.

Es indispensable referirse al tema del bien común, señalado como base de la sociedad en el inicio del texto de la Constitución, así como a la manera en que las entidades gubernativas necesitan actuar para salvaguardarlo. La CC ya lo hizo, y por ello el presidente, el ministro de Gobernación y el director de la Policía no tienen alternativa.

El comité antes mencionado ha adquirido súbita notoriedad a causa de sus amenazas de impedir el paso en una veintena de puntos del territorio. Ayer se informó que en la capital sus miembros harán lo mismo en Villa Nueva, Mixco y el ingreso por la carretera al Atlántico. A esto se agrega que los pilotos del transporte pesado contribuirán a paralizar la actividad del país, que aunque parcial causará daños económicos, en algunos casos irreparables, como en los productos perecederos, muchos de los cuales son el resultado del trabajo de empresarios de todo nivel, en especial los pequeños y medianos.

Se trata de abiertos desafíos a las autoridades, que los organizadores prevén exitosos, a causa de que se ha trastocado el concepto del derecho ciudadano. Se ha caído en el error de solo proteger el de un grupo específico y no el de la generalidad de la población. Por otra parte, es innegable que la reacción de los transportistas es el resultado de la manera autoritaria con la que actúa la comuna capitalina, que siempre ha sido criticada por los argumentos con los que pretende ordenar el tránsito vehicular en la Ciudad de Guatemala.

Dentro de este laberinto hay que señalar que entidades como Codeca tienen a su disposición recursos provenientes del extranjero, ya sea directamente de gobiernos o de organizaciones privadas ideológicamente comprometidas que manejan fondos estatales. Esto es claro en países nórdicos europeos cuyos gobiernos desde hace tiempo proporcionan dinero de los impuestos sin antes hacer una investigación acerca de la legalidad de las acciones que se promueven y financian de esa forma.

La ingobernabilidad se deriva precisamente de estas acciones, que solo pueden calificarse de irresponsables porque sus efectos alcanzan sobre todo a la mayoría de la población, de manera directa o indirecta. Pero se complementa con que las autoridades han carecido por mucho tiempo de la capacidad de aplicar correctamente las leyes, y en el Congreso de la República ninguno de los bloques se pronuncia en beneficio de la generalidad, por temor a las críticas de sectores que velan solamente por su interés. No ver los terribles efectos de mantener esta situación de ilegalidades casi llega al delito de lesa patria.