Opinión

pluma invitada

¿Penas leves para desfalcos millonarios?

Eduardo Estrada Revolorio

Eduardo Estrada Revolorio

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Justicia en Guatemala

El mundo entero está estremecido por el caos económico en que se encuentra y busca desesperadamente soluciones. Las cifras que se esfuman derivadas de la corrupción son gigantescas, pues según la directora del FMI, esta vergonzosa práctica mueve cada año entre US$1 mil 500 y US$2 mil millones en sobornos, tanto en países pobres como en ricos, lo cual representa el 2% del PIB global. Agrega que el soborno es apenas una parte de todas las posibles formas de corrupción.

Para colmo de males, en muchos países, jefes de Estado y funcionarios públicos de alto rango han sido descubiertos, durante y después de haber cesado en sus atribuciones, con dinero y bienes que no están acordes con lo que han ganado lícitamente durante toda su vida, lo que ha derivado en iniciar causas penales para determinar la proveniencia de una abundancia obtenida en forma abrupta, por cuya consecuencia unos ya han sido condenados y otros aguardan el veredicto de la justicia. Aunque muchos estén en desacuerdo con la Cicig, debe reconocerse que, juntamente con un MP implacable, han tenido la valentía de denunciar ante las instancias jurisdiccionales hechos que podrían ser constitutivos de delitos en contra de personajes otrora intocables.

En esa virtud, y no obstante los esfuerzos que se hacen para perseguir enriquecimientos ilícitos, existe una latente pregunta en la población, aun cuando los infractores hayan sido condenados: ¿Y el dinero robado, dónde está? Si sumamos los millones de quetzales y dólares obtenidos en forma irregular por los funcionarios públicos de todo rango, en una mezcla de nostalgia y cólera, podemos asegurar que con ese dinero se pudieron cubrir necesidades en diversas áreas en favor de la población más necesitada, como salud, seguridad y educación.

El robo, cometido por funcionarios y empleados públicos, en cualesquiera de sus modalidades delictivas tipificadas en el Código Penal como cohecho activo y pasivo, soborno, aceptación ilícita de regalo, peculado, negociaciones ilícitas y fraude, entre otros, tiene asignadas penas tan leves que, lejos de ser un disuasivo para el infractor, constituyen un aliciente, pues encontrará mil maneras para esconder el botín y disfrutarlo luego de cumplir con una efímera condena. En esa virtud, y tomando en cuenta que lo defraudado, generalmente, nunca volverá a las arcas nacionales, la única manera justa de compensar la actitud delictiva es imponer una pena acorde a la magnitud del daño causado, y como pena accesoria, inhabilitarlo de por vida para acceder a cualquier cargo público, por nombramiento o por elección, ya que la ilicitud de sus actos lo convierte automáticamente en una persona inidónea, circunstancia plenamente respaldada por nuestra Carta Magna, no pudiendo en consecuencia confiarle la administración de la hacienda pública destinada a la satisfacción del bien común. Estas penas leves solo consiguen alimentar la codicia y perpetuar su práctica.

*Abogado y notario