El martes pasado, Sidney Alexander Samuels, actual ministro de Ambiente y Recursos Naturales, declaró que las empresas mineras se llevan los recursos naturales de Guatemala y solo dejan una pinche regalía que no compensa ni en mínima parte el valor de los minerales que extraen, exportan y venden a precios elevados en otros mercados, donde los minerales son comercialmente muy apreciados.

Habló también de cómo han sido contaminados y desviados algunos ríos, hasta convertir los riachuelos en “orinaditas de gato”, dañando con ello a numerosas poblaciones de las áreas rurales a las que privan de medios de vida.

Dijo que habla de esa situación con conocimiento de causa, no porque se lo hayan contado sino porque lo ha visto en forma personal y directa.

Infiero de sus declaraciones que, según su criterio, algo distinto sería si Guatemala obtuviera beneficios justos de la explotación de las riquezas y con total respeto a los intereses de los pueblos indígenas.

En esas declaraciones el ministro Samuels es coherente con otras formuladas por él anteriormente, como cuando dijo que serán promovidas demandas contra quienes resulten responsables de haber desviado los cauces de algunos ríos.

La preocupación por ese problema, me permito recordar, se ha manifestado en varios momentos de la vida nacional. En 2011, por ejemplo, el diputado Aníbal García anunció que procesaría a un exministro de Energía y Minas por haber firmado, cuando estaba en ejercicio del cargo, contratos que en opinión de ese diputado son lesivos para el país.

Por aparte, entidades científicas y defensoras de los derechos humanos han desarrollado concienzudos estudios acerca de los efectos dañinos de la minería en Guatemala. Uno corresponde a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos en atención a peticiones y denuncias que recibió, formando una documentación que revela cómo el Gobierno de Guatemala —en periodos anteriores— ha venido haciendo una defensa apasionada de las explotaciones mineras, como si el cielo se fuese a caer en pedazos si las licencias de operación fueren canceladas o suspendidas temporalmente.

Los conflictos causados por las explotaciones mineras no matizan solo a Guatemala. Se dan en varios puntos del planeta. Pero, la desprotección de los derechos humanos de los pueblos de las áreas rurales en cuyos territorios se producen, es mayor en nuestro país que en otros. Y sobre el particular es necesario citar un hecho ocurrido el mes pasado y que no ha sido suficientemente divulgado en Guatemala. Se trata de una petición calzada con nombres de 180 organizaciones basadas en América Latina que instan al Gobierno de Canadá a regular la acción de empresas mineras canadienses en todo el mundo; y es de esperar que el Gobierno canadiense, uno de los mejores luchadores por la defensa de los derechos humanos, responda positivamente a esa solicitud.

¿La minería es indispensable para el bienestar de los pueblos? No. La Asamblea Legislativa de Costa Rica el 9 de noviembre de 2010 aprobó con el voto unánime de los diputados presentes las reformas a la Ley de Minería que declaran a Costa Rica país libre de la minería a cielo abierto y prohíben esas y otras explotaciones mineras.

Y ¿qué diferencia a Costa Rica de Guatemala? Que Costa Rica sin minería sigue siendo uno de los países con los mejores indicadores socioeconómicos de América Latina, en tanto que Guatemala, con la protección oficial de la minería, sigue siendo el país con los peores indicadores del desarrollo socioeconómico de la región.

Y si los diputados costarricenses liberaron a su país de la minería a cielo abierto, ¿por qué nuestros diputados no podrían hacer lo mismo?

Las declaraciones de Samuels deben ser bien vistas. Trabajar con apego a la verdad debería ser la consigna de todos los funcionarios honrados y leales a la población.