La corrupción ha cundido en Latinoamérica y, para mayor infortunio de la población, son contados los Estados interesados en combatir ese flagelo, lo que obliga a pensar en la necesidad de soluciones supranacionales a ese mal endémico que lastra el desarrollo de las naciones, sometidas a un saqueo inclemente por parte de quienes prometieron gobernar con honradez pero solo se quedaron en la palabrería.

La mayoría de gobernantes, congresistas y partidos políticos de la región se muestran más bien parcos respecto de tomar posiciones frontales contra esa miserable práctica, pese a que aumenta el número de exmandatarios y exfuncionarios presos o en proceso de enfrentar a la justicia, como si creyeran que su latrocinio quedará a salvo de la persecución judicial.

Como si se tratara de una paradoja propia de un guion fílmico, lejos de reducirse las denuncias y personalidades involucradas en la rapiña, los casos aumentan e incluso involucran a particulares y empresas que se valieron del tráfico de influencias, los sobornos, los concursos amañados y los financiamientos ocultos para trastocar la institucionalidad y convertirla en una pantomima movida a su codiciosa conveniencia.

Que una constructora haya sido capaz de hilvanar una trama de alcance continental, con la complicidad de políticos y congresistas de múltiples países, para sobrevalorar la obra pública o construir con deficiencias, resulta una realidad que supera la ficción.

Todo lo anterior obliga a replantearse a nivel de los más altos organismos internacionales la necesidad de establecer una vía para encarar un problema que requiere soluciones globales, porque su impacto repercute en elevados costos para los sistema de justicia, penitenciarios y de seguridad, pero sobre todo en un estratosférico costo de oportunidad para el desarrollo, que se paga con millones de dólares pero también con millones de vidas.

Hasta ahora solo el presidente de Perú, Pedro Pablo Kuszynsky, ha sido la figura señera en condenar la corrupción y en proponer medidas para contrarrestar su impacto. Impulsó una ley para decretar la muerte política de quien resultara responsable de incurrir en esas faltas, pero además proscribir la contratación de empresas corruptoras para hacer obra pública, incorporar cláusulas anticorrupción en todos los contratos o concesiones del Estado y triplicar el presupuesto de la fiscalía anticorrupción.

Un recorrido por los hechos que ocurren en varios países latinoamericanos refuerza la idea de buscar soluciones integrales al problema de la corrupción, porque no se dejan de producir hechos vinculados con ese flagelo, pero también porque se debe recuperar la vergüenza y exigir decencia y respeto por la función pública.

Lamentablemente, Guatemala figura entre los países en donde la batalla anticorrupción sigue encendida, pero con una creciente adhesión por parte de sectores que parecían tener alguna reticencia por supuestas dedicatorias políticas, lo cual no fue sino un invento de las verdaderas mafias que luchan por mantener su infame latrocinio.