Primer acto: (¿En Miami?) Un grupo de acomodados señores sale de Guatemala para darse cita en el país del norte. La reunión tiene como objetivo planificar la estrategia para sacar a Iván Velásquez del país. Esto de la lucha contra la corrupción ha llegado demasiado lejos. No todos los invitados llegan a la cita, empresarios de enorme peso —tanto como el de los viajeros— no respaldan la propuesta. Entre los presentes se alcanza el consenso y se acuerda incluso el desembolso de recursos para este fin. No hay unidad en la iniciativa privada para semejante emprendimiento. Esta división les debilita.

Segundo acto: (En Guatemala) Un grupo de militares en retiro, algunos guardando prisión preventiva, decide activar una vía concreta para la salida del jefe de la Cicig. Eso de los procesos de justicia transicional y las sucesivas investigaciones contra estructuras criminales han terminado por crisparles los nervios. Aprovechando la debilidad anímica del mandatario, le señalan el camino para deshacerse del incómodo visitante que se atrevió incluso a tocar a su círculo familiar. La expulsión de Velásquez, declarándolo non grato, es un camino posible. La Cicig sin Velásquez es el argumento central; así el borrador de la declaratoria llega al escritorio del presidente.

Tercer acto: (Congreso de la República): Los inquilinos de la novena avenida sienten que les pisan los talones. A las corruptelas descubiertas por el MP y la Cicig se suma ahora el caso Odebrecht, que amenaza con alcanzar a unos 50 legisladores que habrían aceptado sobornos de la empresa brasileña. La investigación ya está en marcha en el país, basada en una de gran envergadura que ha salpicado ya a políticos de otras latitudes. Eso y la vinculación de sus partidos y de ellos mismos con personajes que guardan prisión —y con algunos prófugos— augura una recomposición de las fuerzas en el Congreso, y eso tienen que impedirlo. La iniciativa partió de una bancada minoritaria y pronto encontró en el oficialismo la fuerza suficiente para echarla a andar. La semana pasada se hizo pública: aprobar un punto resolutivo pidiendo al Ejecutivo expulsar del país al comisionado Velásquez, por su intromisión en asuntos internos. Por el momento no se alcanzaron los 105 votos y la iniciativa “se quemó”.

Cuarto acto: (Guatemala y ¿Miami?) La campaña de desprestigio contra Velásquez arreció. Hacía meses que en las redes iban y venían denuncias sobre supuestas ilegalidades cometidas por él en Colombia, pero la semana pasada se atrevieron incluso a suplantar la identidad de una cadena internacional de noticias donde se acusaba al comisionado de estar implicado en un asesinato. A los net center (anónimos) se unieron personajes y medios ultraconservadores levantando la bandera de la “ingobernabilidad social ideológica” disfrazada de lucha contra la impunidad —la izquierda acechando—.

Quinto acto: (Guatemala y Nueva York) La ciudadanía guatemalteca que respaldó las movilizaciones ciudadanas en 2015 reaccionó alarmada y el tema se colocó rápidamente en la agenda pública y mediática. El vocero del secretario General de la ONU salió al paso de la campaña de desprestigio y ratificó su apoyo incondicional al comisionado.

Todavía no hay un acto final. Aunque por el momento se hizo inviable lo que parecía inminente, la intención sigue latente. Grupos dentro de las tres élites que controlan Guatemala —oligarquía, militares y políticos— tienen un objetivo común y siguen dispuestos a conseguirlo. ¿Qué decisión tomará el presidente? ¿De qué lado de la historia se ubicará? Por ahora su silencio es elocuente.

@MarielosMonzon