El momento que pasó el presidente Jimmy Morales el pasado domingo en el estadio Doroteo Guamuch, durante el juego de futbol entre Municipal y Comunicaciones, es la más reciente muestra de que las cosas están lejos de normalizarse en Guatemala. Morales fue calificado de corrupto durante una de sus escasas presencias públicas que se convirtió en una reprimenda humillante.

La semana anterior se produjo también una protesta con una cobertura bastante discreta de los medios de comunicación, en contra del alcalde Álvaro Arzú, la cual fue protagonizada por vendedores de los alrededores del Hospital San Juan de Dios, quienes recién habían sido desalojados de los puestos de venta que por décadas han asegurado su precaria supervivencia.

Ambos casos ilustran que el descontento social ha avanzado en cuanto a no tolerar el abuso en las más altas esferas de poder. En el caso de los vendedores, quedó en evidencia el cambio político asumido por el jefe edil, antes vociferante y ahora sumiso ante el reclamo.

Pero en el caso del estadio, el mensaje es poco alentador para el jefe del Ejecutivo: se ha fijado en la mente de muchos ciudadanos un reclamo que pasó de ser silencioso y reservado a las protestas en la Plaza Central y se manifestó explosivamente en un escenario deportivo.

Se confunden quienes pretenden darle una lectura de normalidad a la actual situación por la que atraviesa el país, pues tanto los insultos contra Morales como el reclamo causante del retroceso del humillante y cínico Arzú presagian el incremento de la protesta en las plazas, ante el hartazgo de la población por los desatinos de funcionarios de alto nivel.

Quienes se oponen a los cambios reclamados desde distintas instancias deben tomar muy en cuenta estos hechos. Hay movimientos sociales y políticos en favor de cambios profundos que —poca duda hay— se producirán de manera inevitable para provocar la transformación que demandan miles de guatemaltecos, y el primer efecto es la ausencia de paz y el escarnio en escenarios públicos para quienes sean considerados enemigos de ese clamor ciudadano.

Esas muestras de indignación han rebasado fronteras y auguran escenarios de mayor incomodidad para la clase política, como se ratifica con la carta que la congresista estadounidense de origen guatemalteco, Norma Torres, envió la semana anterior al embajador guatemalteco en Estados Unidos para reclamar en favor de la Cicig.

Guatemala es el tercer país latinoamericano en aparecer en los radares de la diplomacia y de los congresistas estadounidenses, después de Venezuela y Nicaragua; el primero con sanciones a la alta dirigencia chavista-madurista, por su irrespeto a la democracia, y el segundo a punto de enfrentar represalias por no celebrar elecciones libres ni transparentes y por tolerar la galopante e innegable corrupción.

Ese panorama justifica la preocupación actual. Las más altas autoridades del país parecen no comprender que realmente deben cambiar su rumbo y dar evidencias que apunten al fortalecimiento de la institucionalidad, pero también a que combatirán la corrupción con algo más que discursos.