Se cumplen los primeros tres años de gestión de la fiscal general Thelma Aldana al frente de una de las instituciones más relevantes para el estado de Derecho, pero también en medio de una enorme polémica por los alcances de su labor, crucial en el combate de la corrupción y de numerosas estructuras criminales, algunas enquistadas en el Estado y otras de delincuencia común.

Ayer, durante la presentación de su tercer informe, la Fiscal General hizo un rápido recuento de su gestión, la cual, al ser fructífera, ha despertado críticas y ataques de numerosos sectores. El documento recoge que durante el último año han sido desmanteladas 48 estructuras criminales, con la captura de al menos 720 personas, entre estas cinco redes de corrupción, y la creación de 63 nuevas fiscalías.

También se debe mencionar que la lucha contra el crimen ha sido una constante durante su administración, como se constata en hechos ocurridos durante las últimas horas.

El lunes se reportó la captura de 12 personas luego de 20 cateos, supuestamente vinculadas con la defraudación fiscal. Ayer, 17 personas quedaron ligadas a proceso por su relación con otro caso de defraudación conocido como Contenedores Fantasma 2, quienes habían sido detenidas en marzo. También se logró que un juzgado enviara a juicio a 17 acusados de haber estafado a clientes e inversionistas del desaparecido Banco de Comercio.

Y el lunes había sido un día pintoresco, por la cantidad de personajes de la vida nacional que durante distintas audiencias debieron presentarse ante la justicia por casos de corrupción, cooptación del Estado, el Estado como Botín, autoría intelectual de asesinato y otros en los que también aparecen destacadas figuras de la justicia.

Esta es el mejor referente para comprender el marco en el cual ha venido operando el MP, desde que en la anterior gestión se inició un ataque más decidido contra diversas redes mafiosas y esa labor se ha continuado con la actual titular, pero sobre todo ha sido una lucha contra nuevos protagonistas, funcionarios o políticos, que hasta hace pocos años contaban con los privilegios de un sistema que operaba a su favor.

La rampante impunidad se explica en parte por eso y porque se reconocen los méritos de una entidad como el MP, que con limitaciones ha llevado a cabo una tarea meritoria, sobre todo porque no son pocos los retos en el camino y esto se constata con una estéril confrontación como la que se observa en la actualidad por las reformas al sector justicia.

Solo de abril del 2016 a marzo del 2017 destaca la desarticulación de la red de defraudación en la Terminal de Contenedores Quetzal, una estructura que, según el informe del MP, habría representado una comisión de 24.5 millones de dólares a los exgobernantes Otto Pérez Molina y Roxana Baldetti, solo por autorizar las operaciones. También fue mencionado en el informe el sonoro descubrimiento de plazas fantasmas en el Congreso, con lo cual se termina de complementar un cuadro que justifica una mayor independencia financiera y política de una entidad como el MP.