Aunque el índice de homicidios se ha reducido, se ratifica que la violencia sigue siendo un duro reto para las autoridades encargadas de la seguridad ciudadana, pues hablar de cifras que en 2015 alcanzaron los 4 mil 847 muertos y en 2016 llegaron a 4 mil 590 es hablar de una reducción de 257 víctimas, lo cual es positivo, pero también debe aceptarse que un 5.6 por ciento es insuficiente.

Si las cifras de esa elevada siniestralidad no fueran tal altas, tal vez la disminución sería más apreciable, pero cuando se reporta que anualmente mueren de manera violenta más de 4 mil 500 guatemaltecos; es decir, 13 crímenes diarios, se pone sobre el tapete la seria tarea que queda por hacer.

Sobresale otro dato en el más reciente informe oficial del Instituto de Ciencias Forenses (Inacif), y es el relativo a las características de esas muertes, cuya saña, inversamente a la estadística general, parece ir en aumento, ya que durante el 2015 fueron desmembradas 36 personas, cifra que se elevó a 61 en el 2016; es decir, 69 por ciento, lo cual también es característico de una delincuencia desquiciada.

Ese registro de nuestra negra historia contemporánea también da cuenta de que la mayoría de esos crímenes han sido cometidos en municipios del departamento de Guatemala y, en menor escala, en Chimaltenango, Izabal, Quetzaltenango y Alta Verapaz, con lo cual también se documentan regiones en las que podría haber mejores mecanismos de investigación y vigilancia.

La estadística sobre homicidios tampoco debe verse de manera aislada, pues paralelamente existen expresiones criminales agobiantes como el robo de vehículos o los asaltos a transeúntes o pasajeros del transporte público. A esto se debe sumar el terrorífico accionar de los extorsionistas, cuyas víctimas principales son los comerciantes de todo nivel, un amargo ingrediente de la espiral de inseguridad.

Quizá los homicidios, los atracos y las extorsiones sean las expresiones más crudas de una criminalidad galopante que parece ceder muy poco espacio a los esfuerzos oficiales en materia de seguridad, y por ello es necesario insistir en soluciones multisectoriales, porque esa responsabilidad tampoco debe recaer sobre un solo sector gubernamental.

En todo caso, lo más relevante es la visión global sobre la inseguridad en Guatemala, que sigue presentando cifras alarmantes, y por más que las autoridades de Gobernación estén haciendo meritorios esfuerzos en reducir esos indicadores, también deben aprovechar las experiencias de países amigos, como Colombia, donde existen proyectos para llevarle a la población otras opciones de superación, a fin de rescatar a miles de jóvenes del peligro de caer en manos de la criminalidad.

Esa situación ni siquiera es nacional, pues los mayores esfuerzos, o los más alentadores, se concentran en Medellín, Colombia, escenario de los más sangrientos ataques del narcotráfico. Si no se comprende esto se corre el riesgo de ver con satisfacción las estadísticas de manera equivocada, mientras existen muchos otros indicadores de inseguridad que nos advierten de la amenaza sufrida por todos los guatemaltecos.