FIRMADA POR SANDRA TORRES, secretaria general de la UNE, recibí ayer por vía electrónica una carta en referencia a esta columna del lunes, referente al complejo tema de la electricidad en el país, con la legal petición de publicarla. Horas después me llegó la copia de un mensaje vía redes sociales, con una respuesta pública, con lo cual deja de tener sentido la publicación de la carta, porque la ley de emisión del pensamiento protege el derecho de los ciudadanos a exponer sus puntos de vista, con la asunción de no hacerlo por otros medios. Pese a ello, por considerar útil para los ciudadanos conocer los criterios de la lideresa política, cumplo con el espíritu de la ley al publicar los puntos principales de su reacción, sin señalar las referencias a otras personas, pues ello abre más aclaraciones.

SEGÚN LA SEÑORA Torres, los argumentos expuestos coinciden con una supuesta campaña negra contra ese partido, provocada por un alcalde —por cierto alguien con quien sólo he hablado talvez tres veces en varios años. Es un argumento endeble, porque implica la imposibilidad o nula voluntad de la autora para entender a la coincidencia como un factor ajeno a la mala intención. Pero es cosa de ella pensar así. En materia, no es UNE la responsable de la falta de asignación de recursos para la tarifa social, sino es el INDE y el Ministerio de Finanzas, y por ello la bancada del partido fue la ponente de cubrir el déficit indicado con 300 millones de quetzales, cantidad surgida para no provocar un mayor régimen fiscal. En otras palabras, los uneístas son los salvadores, no los culpables.

RESPECTO A SUS GIRAS POR los departamentos donde los efectos del alza de tarifas alcanzarán a mucha gente, según el criterio de la señora Torres no es campaña política, sino lejos de eso el cumplimiento de una obligación legal como preparación a la asamblea general próxima, lo cual es del conocimiento del Tribunal Supremo Electoral y comenzaron desde el año pasado. Por eso no pueden ser interpretados como campaña preelectoral ni incitación a las comunidades de ejercer su derecho de protesta, pero la UNE “seguirá luchando para que el ejecutivo, la Comisión Nacional de Energía y el INDE corrijan el grave error cometido al suprimir el subsidio del servicio eléctrico, porque a ellos es a quienes corresponde programar y aplicar los recursos para la tarifa social”.

EN SUS ESCRITOS, LA UNE asegura responder a mi petición de explicaciones. Gracias por la deferencia. Sin embargo, no comprendo por qué la señora Torres no explica mejor las tareas de la Comisión de Finanzas, dominada en su momento por la UNE, ni cómo interpreta su grupo político los artículos constitucionales al respecto, a mi juicio contrarios a lo expresado por ella. Me cuesta, por aparte, entender por qué no considera sus visitas como una campaña política de hecho, si es la máxima autoridad del partido, peleó por la presidencia y de seguro lo repetirá en los próximos comicios. Comenzó ya, porque necesita reponerse de haber recibido la mayor cantidad de votos en contra, 2,750,847, los cuales no fueron a favor de Jimmy Morales y su eslogan “ni corrupto ni ladrón”.

DE REGRESO EN LA complicada inter relación de factores relacionados con la energía eléctrica, además de los aspectos politiqueros ya mencionados, sobresale lo relacionado con la certeza jurídica, cómo explicar las decisiones de los entes de interpretación de las leyes, como la Corte de Constitucionalidad y la Corte Suprema, así como los serios efectos para la economía familiar del inevitable aumento si dejan de funcionar las hidroeléctricas del país, contribuyentes en un 30 por ciento a la producción de energía. Pero además, al fundamental factor de la solidez y estabilidad jurídicas a fin de no espantar a inversionistas locales o foráneos. Sin electricidad, se imposibilita el desarrollo. No hay necesidad de demostrarlo. El tema da para largo y exige pensar con visión de país.