No hay documento personal de identificación, DPI. No hay pasaportes. No hay placas para vehículos; solo de cartón. No hay correo. Pero hay miles de “asesores” en el Gobierno y subsidio para la energía eléctrica. Educación y salud gratuita. ¿Energía eléctrica subsidiada? ¿De dónde va a salir? Del “presupuesto general”, ese mágico bolsón sin fondo. Saldrán Q545 millones, de los cuales Q300 millones serán cubiertos con bonos del tesoro, con la cabeza de avestruz metida en la arena, pagando dentro de varios años la energía que se consume hoy. Otros Q200 millones saldrán del presupuesto de inversión; consumiendo los recursos destinados a inversión. El Inde “aportara” Q340 millones, restados de su capacidad de dar mantenimiento e invertir.

Si una comunidad se opone a la inversión en energía hidroeléctrica renovable, está en su derecho de oponerse pacíficamente. Los dirigentes comunitarios, de ONG y sindicatos que se oponen a las hidroeléctricas y maniobran para impedir su funcionamiento están en su derecho de oponerse de manera pacífica. Sin embargo, deben ser consistentes con sus principios y rehusar el subsidio que puedan recibir, y además se les debe aplicar las tarifas más altas por el servicio de energía. Qué cómodo es oponerse sin costo, encarecer la energía para todos y, además, exigir subsidio. Agregando más leña al fuego, están el impune robo masivo de luz y el abusivo cobro municipal por el mayormente inexistente alumbrado público.

Podría crearse una “tarifa especial por oposición”, con el acrónimo Tepo. Toda consulta comunitaria sobre el tema de las hidroeléctricas debiera ir acompañada del proviso que si la rechazan, deberán pagar la tarifa especial por oposición, Tepo, que será al menos el doble de la tarifa máxima. Otro gallo cantaría si se vieran en la situación de tener que pagar tarifas más altas como consecuencia de oponerse a la inversión en generación.

Exceptuando la Tepo, lo correcto es una sola tarifa de energía eléctrica, para todos, sin subsidio. Solamente si todos se ven obligados a cargar con los costos que incurren por servicios de energía eléctrica, se tomará conciencia de la necesidad de incentivar la competencia e inversión en su generación. A mayor oferta, tarifas más bajas.

“Según la Asociación de Generadores de Energía Renovable, hay al menos 14 proyectos hidroeléctricos suspendidos”, por conflictividad, “que suman 452 megavatios y representan una inversión estimada de Q10.9 mil millones” (PL 21/01/17). ¿Qué clase de suicidio económico es este? ¿Qué marco de institucionalidad aprueba inversiones millonarias, para detenerlas cuando han llegado a la meta para poder producir? ¿Qué clase de reglas permite que inversionistas arriesguen su capital a largo plazo y se endeudan con bancos que arriesgan los ahorros de sus depositantes, solo para darles un rotundo “no” cuando ya todo está hecho? ¿Cómo es posible que un puñado de ONG, manifestantes y abogados tengan secuestrado al país con supuestos legalismos, donde no hay legalidad?

Estos opositores a todo lo que huela a inversión y producción, que tienen secuestrada la institucionalidad de Guatemala, son los mismos que no se cansan de denunciar cómo la cúpula económica manipula y controla todo. ¿Quién realmente manipula y controla, que tiene parados miles de millones de quetzales en inversiones que ya fueron hechas o están a medio río? ¿Todavía se pregunta alguien por qué Guatemala es un país pobre? ¿Todavía hay que preguntarse cuál es el temor al “derecho indígena”?