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EDITORIAL

Sistema en apuros

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Corrupción en Guatemala

Al constante clamor popular por la depuración de las instituciones del Estado y la continuación de la lucha contra la corrupción se oponen, aunque parezca increíble, ciertos grupos que argumentan conspiraciones de corte ideológico desfasado u otras fábulas que simple y llanamente solo confirman las dudosas intenciones de sus emisores.

Es innegable que el sistema llegó a un punto límite con el infausto gobierno del Partido Patriota, cuyos dirigentes y funcionarios se creyeron con la impunidad garantizada para saquear al Estado mientras, por otro lado, mantenían en virtual abandono la salud, la educación y la infraestructura vial, entre otras necesidades públicas.

Lamentablemente, la distorsión en el funcionamiento de las instituciones del Estado, mediante el nepotismo, la colocación de allegados no calificados en puestos clave, las plazas fantasma, la manipulación de bases de licitación para favorecer a determinados oferentes y toda la serie de prácticas corruptas perversamente desarrolladas a lo largo de las últimas décadas se han convertido en la mayor amenaza para el correcto funcionamiento del Estado democrático.

Cabe citar entre esas rémoras de la administración pública a quienes tampoco cuentan con la suficiente preparación para asumir cargos de relevancia y que a la menor posibilidad demuestran su inadecuada selección.

A este deterioro también contribuyen las instituciones de supervisión, que deben trabajar como fiscalizadores del accionar del Estado. Si la Contraloría General de Cuentas hubiera comenzado a denunciar mucho antes las incoherencias, sobrevaloraciones o contrataciones anómalas no habría un congreso cargado de empleados contratados por amistad o compromisos políticos.

Si los fiscales anteriores a Thelma Aldana hubieran plantado una batalla frontal contra las prácticas corruptas, en lugar de atender oficiosamente al Ejecutivo de turno, los disuasivos para emprender una cooptación como la ocurrida con los patriotistas hubiesen sido mayores. Lo mismo puede señalarse de la recta función de la Corte de Constitucionalidad, la Corte Suprema de Justicia y el mismo organismo Legislativo, que tienen claras funciones por ley.

Muy diferente sería nuestro actual escenario si todos los entes citados cumplieran con sus obligaciones, pues los intentos por utilizar al Estado en beneficio de un sector, un partido o un individuo nunca hubieran llegado a los niveles que todos los guatemaltecos han atestiguado.

La defensa de los valores democráticos es una tarea de todos y la lucha anticorrupción es la herramienta principal para recuperar la institucionalidad. Ciertamente esta batalla entraña el fin de privilegios, prebendas, tráfico de influencias, intercambio de favores o padrinazgos económicos, porque la democracia no es una máscara para aparentar gobernabilidad, sino un sistema de derecho en el cual todos los ciudadanos son iguales ante la ley.