Tres visiones pueden resumir, grosso modo, lo que ocurre en Guatemala, cuya crisis tiene peligrosamente paralizada buena parte de la actividad productiva y atrincherada a la clase política, que se resiste a abrir los ojos ante una realidad insostenible, que reclama cambios urgentes por el bien de millones de guatemaltecos.

Una de ellas es la de quienes, por no ser guatemaltecos, pueden observar con menos apasionamiento los acontecimientos que han desembocado en una de las peores etapas de inestabilidad institucional y de una pronunciada pérdida de credibilidad en la clase política. Esta se puede resumir en palabras del exembajador del Reino Unido en el país, Thomas Carter, quien afirma que lo que más le “falta a este país es el sentido del deber de los funcionarios públicos”.

Otra apreciación es la de la población, que mayoritariamente ha mostrado su repudio a la corrupción y a las caras más visibles de una práctica que tiene hondas repercusiones en el funcionamiento de distintas actividades y cuyo impacto, principalmente en el aparato productivo, también va en detrimento del funcionamiento de muchas instituciones políticas y sociales.

El cuadro lo complementan quienes ostentan el poder, pero al estar señalados por muchas de esas irregularidades se atrincheran en sus cargos, incurren en mayores abusos y se niegan a aceptar la necesidad de replantearse el modelo, cuya mayor amenaza es acrecentar la crisis y llevarla a otros niveles donde las consecuencias pueden ser catastróficas para todos, sobre todo en el terreno económico-financiero.

Cuando el diplomático británico habla de esa enorme carencia del sentido del deber, lo justifica con los episodios recientes de intentar expulsar del país a quien ha sido el único protagonista de encabezar el mayor esfuerzo de países amigos de Guatemala por erradicar la corrupción en el Estado y, sobre todo de tratar de desarticular las redes criminales incrustadas en diferentes entidades.

También lo ejemplifica con el triste espectáculo protagonizado por un puñado de diputados cuando trataron de implementar leyes en favor de criminales o de prodigar impunidad a políticos en conflicto con la ley, como consecuencia del manejo oscuro de los aportes a las campañas electorales, el origen de los males de la democracia guatemalteca.

Una pregunta del diplomático inglés quizá responda el deplorable cuadro en el que se mueven los políticos, y es ¿por qué necesitan protegerse alcaldes, ministros y diputados? y agrega: “Solo quien está haciendo cosas malas necesita protección”. Eso precisamente es lo que hace el antejuicio con los funcionarios: blindarlos ante todo tipo de abusos.

Lamentablemente, todo esto ocurre en medio de recurrentes advertencias sobre el deterioro en muchos indicadores económicos, lo cual genera demasiada incertidumbre, ahuyenta la inversión e impacta sobre otras políticas que también se han visto rezagadas, mientras que quienes tienen la posibilidad de impulsar reformas orientadas a recuperar la confianza entre la población y los inversores lo hacen de manera torpe y en el sentido opuesto de lo que marca la prudencia, honestidad y el deseo sincero por trabajar por Guatemala.