El Congreso envió un poderoso mensaje de apoyo a la lucha contra la impunidad al haber respaldado con 119 votos a favor y cinco en contra que la magistrada Blanca Stalling sea despojada de su inmunidad y pueda enfrentar a la justicia como una persona común, y de hecho ayer quedó arraigada.

Un dato sorpresivo fue que la votación se incluyó muy rápidamente en la agenda del día, pero más lo fue la celeridad con la que los congresistas procedieron a poner a la polémica magistrada en manos de la justicia, pues en cuestión de minutos todo se consumó, a pesar de los intentos de algunos representantes que pretendieron entorpecer la discusión.

Ocurrió así, porque el informe de la Comisión Pesquisidora era tajante en reconocer que había “indicios racionales y suficientes” para que los órganos jurisdiccionales puedan investigar y esclarecer los ilícitos por los cuales se busca procesar a Stalling. De hecho, en el informe también se afirma que la magistrada reconoció la reunión con el juez Carlos Ruano Pineda, quien con su denuncia desencadenó las pesquisas del MP y la Cicig.

Los diputados que apoyaron con su voto a la magistrada son Laura Franco, de FCN-Nación, quien profirió insultos contra la gobernadora de Alta Verapaz; junto a Armando Escribá Morales, Óscar Armando Quintanilla Villegas y Francisco Tambriz Tambriz, del Bloque Alianza Ciudadana, y Fernando Linares Beltranena, del Partido de Avanzada Nacional.

El máximo jerarca del partido oficialista, Édgar Ovalle, optó por ausentarse de la votación, seguramente para no poner en evidencia sus preferencias en temas tan polémicos como despojar de la inmunidad a uno de los más altos representantes del Poder Judicial. Acción que secundó Juan Ramón Lau, figura relevante del sindicalismo cuando laboró en el Organismo Judicial y muy cercano a Stalling.

Por eso es de gran trascendencia lo ocurrido ayer en el Congreso, porque una vez más se abre la posibilidad de encausar a una de las figuras más relevantes del sistema de justicia, quien a su vez no solo arrastra señalamientos de tráfico de influencias, sino también carga la imagen de ser producto de una de las alianzas más perversas que han existido en el Congreso, como lo fue la unión de los partidos Líder y Patriota.

También es importante el paso dado ayer por los diputados, pues al abrirse la posibilidad de procesar a la magistrada Stalling es probable que pueda fortalecerse el estado de Derecho y que rindan cuentas a la justicia quienes cargan con señalamientos serios, y no como sucede ahora que quienes dan la cara en contra de los malos funcionarios son los que deben huir del país, como ocurrió con el juez Ruano.

Al final, resulta penoso observar el cuadro que retrata uno de los momentos más aciagos de la historia guatemalteca, donde figuras llamadas a jugar un papel protagónico en el fortalecimiento de la institucionalidad resultan involucradas en conductas repudiables, y en el caso de la actual Corte Suprema, Stalling se convierte en la tercera magistrada en enfrentar a la justicia.