No hay palabras para expresar los sentimientos que embargan a la sociedad.

La tragedia ocurrida esta semana es conmovedora y refleja la debilidad del Estado y el abandono que sufre esta y todas las áreas en que debería intervenir para realizar el bien común, que es su principal razón de ser. En este caso, el costo fueron más de 37 pequeñas víctimas mortales y muchas más en riesgo de perder la vida, una existencia rodeada de infortunios e inequidades que las llevó a buscar cobijo en el Estado, esa entelequia que solo resguarda los privilegios de algunos.

Como un augurio, días previos a la tragedia, el Icefi y la ONG Plan Internacional hicieron público un informe en donde se evidenció la baja inversión pública que nuestro país dedica a la niñez: apenas US$0.69 por niño(a) al día, mientras que en Costa Rica son US$4.91. Guatemala es el que menos ingresos destina en referencia al PIB; en el 2013 representaba el 4.4%. Tenemos el menor gasto en educación. Y esas inequidades son las consecuencias del sistema de “derrame” que, según el Icefi, hace más ricos a los ricos para que “derramen” una riqueza que en la realidad siempre se concentra.

La investigación referida remata señalando que si el país no invierte más en los y las niñas y jóvenes no podrá disminuir los indicadores de desnutrición, embarazos en adolescentes y el éxodo a Estados Unidos, pues aquí no encuentran posibilidades de vida digna y tampoco de protección social.

Y en medio de esta debilidad Estatal, los congresistas están próximos a aprobar una nueva ley que otorga privilegios a ganaderos, entre ellos hay muchos, por cierto. ¡Vaya incoherencia y descaro!

Lo sucedido tiene un responsable: el Estado, específicamente las instituciones involucradas en la atención a la niñez en condiciones de vulnerabilidad. Es indispensable que concluya la investigación y que se deduzcan las responsabilidades, pero también que se asuma el problema con la visión estratégica que requiere por parte de los entes que tienen compromiso directo en la prevención, protección e investigación de este tipo de hechos. Hay antecedentes comprometedores.

El Viceministerio de Gobernación encargado de prevención del delito firmó unos días antes del drama un convenio de cooperación con Leonel Dubón, del Refugio de la Niñez, quien reiteró su preocupación por la falta de un sistema de protección para menores y destacó la necesidad de crear mecanismos en favor de la infancia.

La Procuraduría de Derechos Humanos venía alertando del riesgo de los menores que estaban recluidos en ese albergue; presentó denuncias, interpuso un recurso de exhibición personal que no fue realizado por la jueza, solicitó a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos medidas cautelares que no fueron atendidas oportunamente; es decir, advirtió sobre el peligro en ciernes que culminó en la tragedia que hoy nos enluta.

El mandatario, sus principales funcionarios, sus asesores y la institucionalidad de la niñez, especialmente los asignados a ese hogar, deben asumir la parte de responsabilidad que a cada uno corresponde y no seguir evadiéndola con esto de “que Estado somos todos”. Las instituciones de seguridad tienen que responder a algunos señalamientos que los involucran en la negligencia y la decisión de encerrar a las niñas, desatendiéndose de lo que allí ocurría.

Los diputados tienen que entender que si siguen emitiendo leyes que otorgan privilegios fiscales contribuirán al colapso del Estado.

La institucionalidad está en crisis. El camino de solución solo puede ser fortalecerla. La emotividad que nos embarga debe servir para reivindicar esta opción. La indolencia de algunos es tan negativa como la precipitación de otros. Sin Estado seremos víctimas colectivas del incendio y nos convertiremos en parte de las cenizas en que se va transformando el país.