Cada vez resulta más obvio que quienes rodean al presidente Jimmy Morales lo comprometen en proyectos sospechosos de incurrir en abusos y también en dar pasos hacia atrás al optar por burlar mecanismos legales existentes. El más reciente ejemplo es la idea de ejecutar un masivo programa de bacheo sobre el que no se tiene la más mínima idea de alcances y costos y para lo cual se hace necesario un discutible estado de Calamidad.

Con esta medida excepcional, que solo debe ser aplicada en situaciones extremas, como terremotos, inundaciones severas o situaciones similares, se pretende implementar durante los próximos treinta días, según el acuerdo respectivo publicado ayer en el diario oficial, un gobierno regido bajo su propia ley, sin que alguien pueda ofrecer pormenores sobre lo que se pretende hacer.

Si bien es deplorable el estado de las carreteras, resulta ser una exageración decretar un estado de Calamidad, no para la reconstrucción, sino apenas para un plan de bacheo, con la libertad de no cumplir la ley y poder comprar o contratar a las empresas que decida el Ejecutivo.

Resulta también preocupante que ni siquiera el Ministerio de Comunicaciones tenga claridad sobre el trabajo por realizar, cuando han tenido prácticamente 18 meses de no hacer nada. Cuando menos debería existir un registro pormenorizado de la ubicación en las carreteras de los baches que se ha pensado remendar en los próximos treinta días, lapso cuya cortedad lo imposibilita.

Es claro que la propuesta gubernamental no se cumplirá en un plazo tan breve, lo cual a la vez hace suponer que existen otras intenciones detrás de la contratación de nuevos proveedores, comprar materiales de todo tipo por cantidades millonarias, sin que existan prácticamente los habituales controles que rigen esa materia en el Estado.

Ese afán por mantener un Estado de facto, como ya ocurre en Ixchiguán y Tajumulco, que llevan tres meses sin gozar de garantías constitucionales, hace sospechar de los verdaderos propósitos de quienes dirigen esta administración. Medidas como esta solo acrecientan la percepción de novatez y abuso de autoridad para llevar a cabo trabajos que podrían efectuarse con un poco más de carácter y decisión para hacerlo con transparencia y eficacia.

La premisa que debió tomar en cuenta este gobierno es que las principales carreteras del país están en lamentables condiciones a causa de negociaciones corruptas entre algunos empresarios de la construcción y funcionarios venales, que utilizaron sus cargos para el enriquecimiento ilícito a costa de obras de pésima calidad.

En vez de corregir ese pasado de oprobio, las autoridades pretenden violentar leyes superiores con el pretexto de hacer labores bajo una figura que resulta mucho más oscura y difícil de fiscalizar, porque cualquier contrato se adjudicará a dedo.

Quienes tienen la capacidad de influir sobre el presidente lo han metido en un nuevo problema y su imagen puede resultar mucho más deteriorada, porque su mandato está llamado a superar los vicios del pasado y a romper con las prácticas poco transparentes en la contratación de la obra pública, de la cual se ha nutrido un número demasiado alto de funcionarios corruptos.