Alrededor de siete personas fuertemente armadas, asaltaron el Centro de atención y actualización gremial, del Colegio de Abogados y Notarios de Guatemala. La noche del sábado doce recién pasado, en una zona totalmente vigilada por cámaras de seguridad, una banda se apropió de un aproximado de un millón de quetzales. Las dos terceras partes del botín eran timbres notariales y forenses del fondo de retiro y prestaciones sociales de los colegiados.

Lo primero que salta a la vista es el alarde de impunidad en el procedimiento. Los asaltantes se movilizaron a través de la ciudad en uno o varios automóviles, donde cargaron la caja fuerte que guardaban las especies para pago del ejercicio profesional.

El desparpajo de los maleantes demuestra que se saben impunes. Aún en altas horas de la noche, existen innumerables testigos en todas las calles de la zona hotelera. Así mismo, en los videos de seguridad quedaron grabados los asaltantes y sus automóviles.

Se deduce que han de gozar de algún privilegio que les permite considerarse a salvo de cualquier persecución penal. Son conocidos los asaltos a Oenegés y residencias de periodistas y defensores de derechos humanos sin que se aclare estas agresiones. Sucede de la misma manera con los atropellamientos vehiculares que cobran las vidas de dirigentes sindicalistas y obreros en horas de la noche.

Segundo, el hecho tiene un cariz de venganza burocrática. En efecto, el Colegio de Abogados había protestado pública y legalmente, contra la carencia de especies fiscales. El pasado veinte de agosto se interpuso un amparo contra la SAT, por esa negligencia. La acción sirvió para exhibir la improvisación en la gestión gubernamental, que seguramente resultó en sendos reclamos por parte del ápice estratégico del ejecutivo.

Las viejas generaciones que sufrieron los lamentables hechos de violencia generada desde el Estado, recuerdan acciones inexplicables. ¿Cómo calificar el asesinato de quien firmaba las credenciales de la universidad pública? Para no mencionar las irracionales muertes de sacerdotes, por inquirir a instancias de los familiares, sobre la suerte de un desaparecido. Así como otros hechos horrendos que se encuadran en el delito de genocidio.

Este apunte no busca, ni puede utilizarse, para demonizar instituciones actuales, donde las nuevas generaciones han reemplazado a las viejas promociones envenenadas de odio. No obstante, esos elementos, ahora se desempeñan en oscuras pandillas de ancianos intolerantes, metidos a la política con el cuño más reaccionario. Utilizan el recurso retórico de explicarlo todo, con la denominada “guerra fría”; piensan que peleaban por el mundo libre y los excesos fueron apañados por una de las partes enfrentadas. Han borrado de su memoria, los llamados a la moderación, que se efectuaban desde EE. UU., en especial durante la administración de Jimmy Carter. Creen vivir en mundo que sólo existe en sus excusas y mala conciencia.

Inexplicablemente, los enriquecidos con la corrupción, gozan del apoyo político y hasta de contribuciones monetarias de sus antiguos adláteres que no participaron de sus fechorías. La moderación para superar la motivación emocional de los enfrentamientos del pasado, está ausente. No sucede como en Argentina, Chile u otros países sometidos a semejantes excesos, donde nadie llama a infringir la ley, victimizar grupos profesionales, religiosos, étnicos o ideológicos. Para no mencionar Sudáfrica, donde hubo una transición para restablecer el sentido de la decencia. Los investigadores cuentan con suficientes medios para aclarar los hechos. Las sospechas expresadas en este artículo, deben ser desvanecidas. Los culpables deben ser llevados a juicio. Basta de incompetencia.