EDITORIAL

Una investigación que resulta urgente

Hace algunos días salió a luz un nuevo caso de manejo de dinero público que debe ser conocido por la ciudadanía y que se ha realizado desde hace muchos años de tal manera que induce a pensar en la posibilidad de falta de transparencia y de todo lo que lleva consigo. Como consecuencia de la ola de exigencia popular de cambios a este respecto, es importante comentarlo y ponerlo en la mesa del interés nacional.

El caso se relaciona con el Plan de Prestaciones del Empleado Municipal, cuya junta directiva informó de los hallazgos derivados de las investigaciones efectuadas por las actuales autoridades, en referencia a la manera como han actuado las anteriores. Ese plan está regido por una ley orgánica aprobada en 1995 y tiene la particularidad de que están específicamente excluidos los trabajadores de la comuna capitalina.

Eso significa que quienes laboran en la más grande comuna del país están sujetos a un plan propio de prestaciones, cuyo funcionamiento no se conoce. Esta situación se debe, en parte, a la cuestionable política de opacidad existente desde hace mucho tiempo en esa comuna. Como es sabido, la Contraloría General de Cuentas (CGC) es la encargada de fiscalizar las decisiones en materia económico-financiera y por ello incurre en ilegalidades si no cumple ese papel.

La directiva actual del mencionado plan de prestaciones indicó en su denuncia que entre las irregularidades los auditores señalaron que fue contratada una empresa, por Q8 millones, para recuperar una cartera morosa. Además se contrató a otra para pagar la ayuda póstuma a los familiares de trabajadores fallecidos, pero de los casi Q9 millones del costo de los servicios, solo se pudieron justificar Q1.5 millones.

Según los denunciantes, hubo préstamos sin intereses a dos constructoras, por Q32 millones y por Q13.8 millones, respectivamente, entre el 2010 y el 2013, sin que fueran denunciados por la CGC. Hubo también créditos personales a empleados hasta por 20 veces su sueldo, sin garantías suficientes. Por aparte, el presidente de ese plan, Edwin Escobar, alcalde de Villa Nueva, asegura que demandó a dos auditores de la CGC por presuntas exigencias para no presentar recursos penales contra la comuna de ese municipio.

A juicio nuestro, las denuncias deben ser investigadas, tanto sobre el plan de prestaciones ediles de la capital como en el resto del país. El caso es un ejemplo más de que las quejas sobre posibles malos manejos en las instituciones son obligadas, para evitar que quien no las haga del conocimiento público caiga en el delito de omisión.

El interés ciudadano debe enfocarse en conocer las interioridades de este asunto, habida cuenta de que, por infortunio, hay espacio para mantener o afianzar maniobras opacas. Independientemente de la opinión que se tenga respecto del papel como alcaldes de quienes integran la directiva del Plan, su denuncia debe ser interpretada como positiva, porque las municipalidades son el centro del poder local y por ello tienen oportunidad real de liderar algunos de los cambios necesarios para el buen funcionamiento del país.

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