No hay duda de los efectos inmediatos de lo ocurrido tanto el miércoles como ayer. Sumados, terminan de dejar al presidente Jimmy Morales en la más absoluta soledad, por lo cual su figura se afianza como la de un personaje de tercera en el drama político-histórico del país, como consecuencia directa de su arrogancia, nula capacidad de actuar políticamente, así como de escuchar a los advenedizos propios y agregados a la tropa loca, ahora convertida en tropa tonta, del partido oficial. Ello obliga a pensar en cómo se debe actuar ahora, pero con serenidad y planificación, para lograr los cambios exigidos por los miles de ciudadanos participantes en una marcha cuyo principal valor radica en ser generalizada.

En el Congreso, los diputados en apariencia protegieron a don Jimmy cuando no fue aprobada la eliminación del derecho de antejuicio. De los 158 diputados asistieron 112 (71%), y entonces el 29% representado por los asistentes, abre la puerta a pensar en las razones de las ausencias, con lo cual quedaba de hecho fuera la posibilidad de lograr los 105 votos necesarios para permitirle enfrentar a los tribunales comunes. Pero luego, 86 de los 112 (77%) se negaron a archivar el tema, con lo cual es factible el renacimiento de esa petición y con ello la posibilidad de chantajes, innecesarios porque ya es un zombi político, afectado incluso por sus propias afirmaciones, cuando era candidato, sobre la obligación presidencial de renunciar cuando no cumple con sus promesas.

El miércoles no hubo paro, sino manifestaciones, fenómeno social mucho más efectivo en Guatemala, y de nuevo la plaza se convirtió en un lugar de convergencia de numerosos sectores del país en varias ciudades encabezadas por la capital. Debieron callar quienes querían apoderarse de un supuesto triunfo de grupo. Un par de infiltrados debieron irse, a causa de la presión de los participantes, en su mayoría jóvenes veinteañeros emuladores de las marchas de 1944, de 1963, y actuó bien el Ministerio de Gobernación al no caer en la torpeza de enviar fuerzas del orden con la meta de reprimir. Los parlamentarios estadounidenses llegados al país para hablar con los jefes de bloques se encontraron un país unificado en la lucha contra la corrupción, y un gobierno con una acción inteligente si quiera en esta ocasión.

Urge la necesidad de un pacto político, con la meta del beneficio del país a corto, mediano y largo plazos, no uno de beneficios inmediatos para quienes lo han llevado a donde se encuentra. Ya hay un precedente, previo a los acuerdos de paz, cuando se pidió ayuda a tres ciudadanos situados más allá de la politiquería: doña Tere de Zarco, Mario Permuth y monseñor Rodolfo Quezada Toruño, quienes integraron la comisión de reconciliación, a pesar de los agoreros del mal cuya insistencia se basaba en una victoria militar de una de las partes. Es absurdo negar la posibilidad de encontrar personas similares, respetables y respetuosas, capaces de aplicar en la realidad el claro mensaje popular.

El siguiente paso es decidir el orden de depuración del Congreso, basado en criterios como el voto a favor de la impunidad y del beneficio a miles de criminales, al dejar fuera 400 delitos, o el historial propio al participar en la corrupción y las mafiosidades. Se debe además buscar con representantes de la sociedad los temas, su importancia y el orden para llegar a ese pacto político de la manera como lo señaló el gobierno el miércoles, es decir: con una instancia de diálogo para buscar la agenda de interés nacional “que garantice la gobernabilidad”. Eso ahora significa cómo hacer a un lado, de manera ordenada y serena, a un sistema político fallido. El Ejecutivo ya naufraga, sin rumbo. Debe buscarse la manera de poner orden en el Congreso, según el mando de la ciudadanía.