En la cintura de Guatemala, el mapa se tiñe de rojo, reflejo de una de las más lacerantes realidades que azota al país: los linchamientos, que a juzgar por las estadísticas son mucho más frecuentes en comunidades indígenas, que además se ubican en las regiones más castigadas por el enfrentamiento armado interno y donde se cometieron las mayores masacres atribuidas al Ejército.

En poco más de una década, los registros oficiales dan cuenta de la muerte de dos mil 612 personas debido a linchamientos, y la mayoría de esos hechos ha ocurrido en Quiché, Alta Verapaz y Guatemala.

Una penosa estadística que ratifica la posición de Guatemala como uno de los países más violentos del mundo, donde la aplicación de ley pasa a ser un factor relativo y debido a lo cual también amplifica el espectro de la impunidad debido a la pobre institucionalidad y a la precaria presencia del Estado en amplios sectores del país.

Una de las causas de ese desborde de justicia por mano propia también se explica por la poca confianza que existe en las autoridades, policiales y judiciales, que contribuyen a cimentar uno de los más altos niveles de impunidad, la cual parece reforzarse en regiones con un pasado violento y donde la presencia de comisionados militares ha sido determinante en otras facetas sociales.

La debilidad del Estado es patética en muchas de las regiones más castigadas por el enfrentamiento armado interno, y a ello se debe la enorme incidencia de grupos vinculados con el poder que suplen el papel de autoridades locales y nacionales.

Esa fragilidad institucional de hecho dio paso al empoderamiento de grupos locales, como ocurrió con las Patrullas de Autodefensa Civil, que trabajaron bajo fuerte vigilancia del Ejército y las cuales dieron origen a los actuales comités de vigilancia, que funcionan como un brazo represor en varias comunidades, al apunto que imponen sus normas y castigos, hasta convertirse en grupos paralelos con gran capacidad de extorsionar sin temer consecuencias.

Si bien pobreza, etnicidad y herencia violenta parecen coincidir en la conducta social en varias regiones del altiplano, donde son más comunes estos hechos, en Guatemala eso no se cumple y más bien el registro de 338 linchamientos en poco más de una década obliga a buscar más respuestas respecto de los orígenes de esos actos violentos, sobre todo porque es el departamento donde existen mayores facilidades en seguridad.

Hasta ahora, los linchamientos se ubican entre los mayores delitos que quedan impunes, lo que de nuevo desnuda la debilidad del Estado, y aunque muchos justifican esas acciones ante la parsimonia de las autoridades, falta de educación o de oportunidades, lo cierto es que esas cifras también ubican a Guatemala entre los países donde más se cometen linchamientos.

Prensa Libre intentó obtener una explicación sobre la política del Ministerio de Gobernación respecto de la prevención de los linchamientos, pero las autoridades respectivas ni siquiera se dignaron a responder, lo que a su vez explica los pobres resultados ante una serie de hechos violentos y lamentables en costo de vidas humanas.