Dos de cada tres funcionarios u oficinas del Gobierno central incumplen con la obligación legal de brindar información sobre muchos temas, entre ellos el número de personas o asesores que prestan sus servicios en esas dependencias y cuánto se les paga por ello.

El 66 por ciento de las instituciones incumplen la Ley de Acceso a la Información, según afirma la Procuraduría de Derechos Humanos en su reciente informe sobre el incumplimiento de una ley que luego de haber sido promulgada, en la práctica ha complicado mucho más el proceso.

En la medida en que la corrupción corroía los cimientos de la institucionalidad, era más difícil para la población acceder a información sobre distintos tópicos en la administración pública. Los pretextos para cumplir con esos requerimientos aumentaron cada vez más elásticos y lejos de cumplir con una normativa promulgada a propósito de esas evasivas, muchos funcionarios utilizaron a su favor la ley y empezaron a incumplir con ese mandato al alargar los plazos para entregar datos.

Uno de los mayores descaros al respecto se produjo durante el gobierno del Partido Patriota, cuando Roxana Baldetti creó una oficina de transparencia que dependía directamente de ella. Se volvió una farsa porque quienes le reportaban directamente aprovecharon la ocasión para amedrentar a numerosos funcionarios, a quienes se les hostigaba desde la Vicepresidencia.

Poco ha cambiado la situación desde entonces. Lejos de mejorar, ha empeorado y el gobierno que preside Jimmy Morales se ha convertido en uno de los que más viola el derecho de Acceso a la Información y aún ha ido más lejos, al negar datos que deberían ser de dominio público o estar colocados en los portales de cada dependencia. Uno de esos casos bochornosos es la medida recientemente adoptada de cerrar el acceso a la Casa Presidencial, con el absurdo argumento de que se trata de una residencia privada. Quien allí reside no es un ciudadano particular.

Desde los más altos cargos, en Guatemala siempre ha prevalecido reticencia a informar de manera transparente sobre la gestión pública y aun sobre cambios de vida de los funcionarios que pueden resultar inexplicables, como ocurrió con la ostentosa vivienda que habita el vicepresidente Jafeth Cabrera, quien por todos los medios trató de ocultar y minimizar su valor hasta que se dio a conocer una información que a nadie convenció, por inverosímil.

Lo mismo sucede con el mandatario, quien se resiste a dar cuentas sobre los nombres de empresas y montos de exoneraciones fiscales que ha autorizado a más de 200 de estas, con lo que incurre en una clara arbitrariedad, la cual solo abona en el deterioro de su imagen. Lo más lamentable es que, siguiendo el ejemplo de las más altas autoridades, según el informe de la PDH, 14 ministerios, así como varias dependencias del Ejecutivo, se empeñan a toda costa en no informar sobre la manera como se gasta el dinero de los contribuyentes y sus justificaciones. La explicación a esta práctica solo puede ser la corrupción y entre muchas de sus consecuencias está que desestimula el pago de impuestos.