La captura de Juan de Dios Rodríguez, presidente del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social (IGSS), y de los demás integrantes de la Junta Directiva, entre ellos el presidente del Banco de Guatemala, Julio Suárez, y otras 15 personas relacionadas con la seguridad social, significa un nuevo y duro golpe para el presidente Otto Pérez Molina, por la cercanía con quien fue su secretario privado, un funcionario público que durante muchos meses fue señalado de acciones ilegales e incorrectas en el ejercicio del cargo.

Lo ocurrido es un aliento para la justicia, porque no solo evidencia que el sistema legal del país puede funcionar, sino porque ocurrió el día en que ciudadanos de diversos lugares del país convergieron en la Plaza de la Constitución para exigir la dimisión del mandatario, en manifestaciones que siguieron la misma tónica de calma que tuvieron las realizadas durante los dos fines de semana anteriores.

Evidentemente, lo ocurrido ayer se enmarca dentro de las funciones de la Cicig que, a pesar de lo expresado por sus detractores, demuestra de nuevo su utilidad cuando se puede laborar sin interferencias.

Lo ocurrido ayer en el Centro Histórico presagia también que difícilmente cesarán las expresiones de repudio contra la corrupción, porque paralelamente se siguen produciendo hallazgos intolerables de ese flagelo, y eso solo puede despertar mayores muestras de rechazo frente a problemas que han rebalsado la tolerancia de la sociedad.

Parte de lo mostrado ayer por el órgano investigador evidencia detalles de contratos burdamente manipulados. La Fiscal señaló que en la Procuraduría de los Derechos Humanos hay denuncias por la muerte de varios afiliados al IGSS, lo que agrega un terrible componente, porque se habla de víctimas directas de la corrupción.

Rodríguez es alguien situado en la periferia inmediata del presidente Pérez Molina, quien no escuchó los numerosos señalamientos públicos contra alguien que merecía averiguaciones internas para evitar que el mandatario saliera de cualquier manera manchado como consecuencia de aquel nombramiento. Ahora, debe explicar por qué lo escogió y tomó la decisión de no investigarlo.

Lo ocurrido ayer también demuestra que quien acepta representar a alguna entidad en la junta directiva de otra institución privada o del Estado incurre en responsabilidades, aunque no necesariamente culpabilidad, por las acciones anómalas o ilegales que sean realizadas. Eso ratifica la obligación de que quienes no estén de acuerdo con alguna decisión que en esas instancias se asuma, lo hagan saber con un voto razonado, para evitar responsabilidades directas sobre esos acuerdos.

Es un hecho que la Cicig continuará con acciones similares a las realizadas ayer, por lo que se puede pensar que ha comenzado un cambio en lo referente a la aplicación de las leyes y al castigo contra quienes se involucran en negociaciones oscuras o delictivas. Ese tipo de ilícitos son los que han causado el hartazgo de la población y colocado al presidente Pérez Molina en la precaria situación en la que se encuentra.