Vivimos en un país donde si en un inocente tuit se dice que un banco tiene problema de liquidez, la maquinaria estatal se pone a “velocidad turbo” en marcha y se envía a prisión al autor de la “afrenta”.

El delito de pánico financiero está en vigor y gente ha sido procesada por cometerlo. En una red social como Twitter, donde es tan difícil encontrar el primero de los mensajes que origina una serie de comentarios referidos a un mismo tema y donde el anonimato es peste, nuestras autoridades muestran inusual eficiencia y dan con el ciudadano “abusivo” bien rápido. Debemos entender que la “solidez del sistema bancario nacional” no se discute en redes sociales y es prohibido recordar la complicidad de las autoridades en la quiebra de Bancafé y Banco de Comercio. Poco importa que la Ley de Bancos y Grupos Financieros se aplique de forma salomónica y arbitraria, acá quien tiene plata y poder manda.

En estos días se han conocido dos noticias graves. La primera es la denuncia penal en contra de Édgar Barquín, quien ocupó los cargos de superintendente de Bancos y presidente del Banco de Guatemala, por utilizar sus influencias para que otros lavaran plata. Esto es gravísimo no solo para el señalado, quien enfrentará un proceso penal, sino sobre todo para el país. Frente al sistema bancario internacional Guatemala descendió a los avernos.

El denunciado y candidato vicepresidencial se acoge al estribillo de que debe “respetarse su presunción de inocencia y el debido proceso”, lo cual es incuestionable, pero para su proceso penal, no para su responsabilidad política. El audio que corre por las redes es elocuente. El presidente de la República tiene como principal función “hacer cumplir la ley”, y si se pretende por un partido llevar a un vice con este tipo de sindicaciones, el país entero es un hazmerreír.

La segunda noticia es el informe de Cicig sobre el tema del financiamiento a los partidos. Por lo menos es obligada una conclusión, en el sistema bancario nacional se blanquean grandes capitales provenientes de la droga y de otras actividades ilícitas, destinándose enormes porciones para financiar campañas. Esto es un montón de delitos juntos.

Sin el concurso, culposo o doloso, de varios bancos, poco podría lograrse para “legitimar” ríos de plata usados por oscuros candidatos. El tema es de fondo, pánico financiero no debería ser mandar un tuit, pánico financiero sí debiera ser la denuncia contra Barquín y el silencio del Banco de Guatemala y de los bancos en general frente a lo dicho por Cicig.

Vivimos en un país donde con un tuit nos podemos ir a la cárcel, pero si son millones los que corren con empresas de cartón para financiar delincuentes metidos a políticos la situación está asegurada. Quien tiene conectes está “autorizado” para blanquear capitales con seis ceros; además, así el quetzal, de forma inusual, se aprecia frente al dólar y el Banguat puede decir que “el sistema funciona”.