Nada es para siempre. Un día, dentro de un mes o dentro de dos años, estas multitudinarias manifestaciones ciudadanas que se han dado a raíz de los últimos hechos de corrupción, habrán disminuido a sus niveles anteriores. Por agotamiento, por neutralización, o porque varios de los objetivos de las mismas serán alcanzados, habrán concluido. Si las cosas salen bien luego de esta inflexión histórica, la ciudadanía seguirá expresándose por diversos canales y mecanismos democráticos. Si las cosas no salen tan bien, podríamos ser testigos de una crisis mucho más profunda que la actual.

No nos cansemos. En este momento de tanta incertidumbre leo como tres grandes líneas: quienes proponen Asamblea Nacional Constituyente; quienes proponen llegar a elecciones y en una sexta papeleta llevar a cabo una Consulta Popular; y quienes van tras un rompimiento del orden constitucional, sin elecciones. Sabemos que el marco legal es una camisa de fuerza con muchos candados. Vemos que, para muchos, la preservación de la institucionalidad es el norte más cómodo para funcionar en crisis. Incluso el mismo Congreso propone lanzar la reforma a la Ley Electoral, como si confiáramos en él.

Una crisis pide salir de la zona de confort y trasladarse del otro lado del miedo. Hay que voltear la mirada a tantos países, como El Salvador, que han llevado a sus procesos electorales a candidatos independientes, no partidarios. Hay que ver el involucramiento de la ciudadanía mundial, en el sentido de crear nuevas formas y espacios políticos de representación y participación. Hay que valorar el factor tiempo, de cara a unas posibles elecciones que nos tienen contra la pared.

Es bien cierto que esta es una crisis eminentemente política, pero hay que recordar que tiene un hondo calado económico. Las relaciones de poder que se vienen dando históricamente a partir del modelo económico imperante, comienzan con la operación más básica del mercado: la compra-venta. En un Estado como el nuestro, débil, clientelar y secuestrado por grupos mafiosos legales e ilegales, dos cosas germinan y crecen con suma facilidad: la corrupción y la impunidad. Si el caso de La Línea habla de fraudes y desmantelamientos millonarios del Estado que se traducen en falta de bienestar para la población en general, el caso del IGSS habla de la caja chica del PP que podría poner en jaque al sistema financiero.

En este marco de complejidades, no podemos vacilar, pero tampoco dejar de considerar tres factores fundamentales: el dinero de la narcoactividad que circula por el país y significa 2.2 veces el presupuesto del Estado; el papel de EE. UU. en la vida nacional, con todo y su agenda de seguridad hemisférica; y un poder económico conservador que está defendiendo sus intereses hasta con las uñas frente al capital emergente. En lo que primero nos pusimos de acuerdo fue en la renuncia de todos. Aún falta cumplir parte de ese primer objetivo. En todo el país y a marchas aceleradas, seguimos organizándonos, analizando, proponiendo, manifestando pacíficamente. Vamos tras la democracia, no tras la plazocracia, pero es en nuestras calles donde desataremos los nudos de la nueva Guatemala. Nos vemos en la Plaza Central el 30 de mayo.

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