Prensa Libre

El mandatario confía en el triunfo del acuerdo inicial al que llegaron senadores demócratas y republicanos, pero al mismo tiempo aseguró que, de no llegarse a una solución en el Congreso, enviará su propio proyecto. Es evidente que el tema ha adquirido enorme importancia política para los dos partidos estadounidenses. Los demócratas necesitan cumplir con las promesas de campaña y los republicanos, salirse de la actual imagen de grupo antinmigrante, como consecuencia de la posición de la lucha electoral que le provocó un abrumador resultado negativo entre los votantes hispanos.

La diferencia de otros esfuerzos en ese sentido y el comentado por el presidente Obama radica precisamente en su bipartidismo. Queda aún mucho camino por recorrer, evidentemente, y está en lo cierto cuando predice discusiones largas y emotivas a este respecto, porque el tema de la legalización es el más notorio de una serie de asuntos adicionales en referencia, por ejemplo, a la seguridad en la frontera sur y a la contratación de personas indocumentadas.

Hay un tema fundamental que debe ser el centro en el que gire la discusión, y es que se trata de seres humanos con familias, con sentimientos y con derechos humanos intrínsecos, que ahora son violados a causa de su irregular situación, como por ejemplo, el de no ser discriminados en sus salarios, ni porque tengan “apariencia de indocumentados”. Ellos, por contraparte, están obligados a la obediencia de las leyes y a no esperar privilegios. Esas condiciones son aceptables, porque la tradición estadounidense tiene larga data de igualdad ante la ley, lo que debe recuperarse totalmente.

Para Guatemala, la legalización de los inmigrantes supone efectos positivos económicos y de otra índole. Una de las más dolorosas verdades es que buena parte de la economía del país está basada en divisas que son obtenidas debido al sacrificio de quienes se ven obligados a optar por un exilio voluntario en el que, literalmente, arriesgan la vida, al punto de que la pueden perder en el camino o incluso a manos de autoridades estadounidenses, como ocurrió recientemente.

Lo que suceda en los más altos niveles del sistema político estadounidense será seguido con interés por las miles de familias guatemaltecas cuyos ingresos dependen —o son un factor importante— de las divisas obtenidas en campos y ciudades estadounidenses. El presidente Obama, es justo decir, ya dio el primer paso y se mostró seguro en el tema. Queda ahora comprobar si los senadores y congresistas de ambos partidos se arriesgan a desaprovechar los beneficios políticos directos e indirectos de apoyar a toda esta gente.