Derivado de la crisis severa de financiamiento que vive el Ministerio de Salud, han surgido voces abogando para que se privaticen los servicios públicos. Para quienes hemos venido examinando este tema por años no podemos dejar de preguntarnos: ¿De qué hablan? ¡Si los servicios están privatizados ya hace tiempo! El hecho que hayan persistido instituciones públicas con responsabilidad constitucional para con la salud, tales como el Ministerio de Salud y el IGSS, no significa que no se haya hecho efectiva la privatización en este sector. Baste decir que el gasto público en salud efectuado por el MSPAS y el IGSS apenas suma un 2.2% del PIB al año y ha permanecido estático los últimas dos décadas; mientras tanto, el gasto privado en salud ha ido creciendo y ya representa el doble de dicho gasto (poco más del 4%), sin que ello se traduzca en acceso generalizado a toda la población. Hay mucha más evidencia al respecto.

El punto es que privatizar no es solo vender activos físicos propiedad del Estado (hospitales, centros y puestos de salud en este caso); se trata también de implantar políticas orientadas por la lógica de mercado en los sistemas públicos, donde los derechos humanos –como la salud- se desfiguran y reempacan como bienes y servicios que deben ser comprados por quien los necesita y por los cuales es legítimo y lícito que el proveedor de dichos servicios (o insumos) derive ganancias, aun cuando haya muchas personas que no tengan capacidad de acceder a ellos. En Guatemala, son la mayoría de la población. Los resultados del proceso de privatización de los servicios, pero sobre todo del subfinanciamiento del MSPAS, se ven reflejados en las pobres estadísticas de salud, que dan cuenta que no pudimos siquiera alcanzar las metas de los Objetivos de Desarrollo del Milenio.

¿Qué hacemos a futuro? Un sistema de salud que protege a las personas se sustenta en cuatro pilares: 1. Un modelo de financiamiento sostenible en el tiempo; 2. Un modelo de atención que promueva que la salud reduzca los riesgos de enfermar, minimice los daños ya causados y potencie las capacidades remanentes; 3. Un modelo de gestión que sea eficiente, probo y transparente, que potencie las distintas capacidades institucionales de los agentes que conforman el sector salud. 4. Un modelo de regulación del sistema que establezca las reglas del juego para todos los actores y se asegure que estas se cumplen.

El MSPAS, en su calidad de ente rector, está llamado a cumplir con estas funciones pero no puede con su situación de subfinanciamiento crónico y con la debilidad institucional que actualmente presenta. Así que la primera decisión que debemos tomar es si queremos que se constituya en el pilar de un sistema nacional de salud que nos sirva a todos, o que siga siendo el ministerio de asistencia social para medio paliar las enfermedades de los pobres.

En este momento, se escuchan voces disonantes en el tema: algunos apoyamos su fortalecimiento para que todas las personas tengan acceso a una vida saludable y a servicios de salud dignos, independientemente de su condición socioeconómica; otros, piensan que hay que privatizar. ¿Privatizar qué más? -me pregunto- ¿y para ofrecer qué ventaja adicional a cambio?

Otros quieren que simplemente siga todo como hasta ahora, pero con menor precariedad, enfocado en los pobres, mientras los que tienen capacidad de pago siguen gastando de su bolsillo o en seguros privados casi totalmente desregulados. Y usted, se ha puesto a pensar ¿qué quiere para usted y su familia?

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