La reciente captura de los líderes comunitarios de Huehuetenango, Rigoberto Juárez y Domingo Baltazar, dirigentes del llamado “Gobierno Plurinacional de los pueblos Q’anjob’al, Chuj, Akateko, Popti’ y Mestizo”, evidencia el enorme deterioro de la situación de los derechos humanos en el país.

La persecución que enfrentan los pobladores que se oponen a los proyectos extractivos e hidroeléctricos ha ido en aumento y además de los asesinatos, agresiones, amenazas y campañas difamatorias de las que son objeto, ahora deben hacer frente a procesos penales por diversos delitos que supuestamente cometieron.

A don Rigoberto y a don Domingo los capturaron por primera vez el 24 de marzo en Ciudad de Guatemala, se les acusaba de los delitos de coacción, amenazas, incendio y detenciones ilegales, supuestamente cometidos en la finca San Luis de Santa Eulalia, Huehuetenango. El juez de Instancia Penal de Santa Eulalia viajó hasta la capital para escuchar su primera declaración, decretó arresto domiciliario y únicamente dejó abierto el proceso por detenciones ilegales, al no encontrar indicios para las otras sindicaciones. Sin embargo, a la salida de los tribunales ambos dirigentes fueron nuevamente capturados, esta vez por otras imputaciones.

A decir de su abogado defensor, Juan Castro, existen al menos 16 acciones legales más en su contra y el Ministerio Público ha pedido que sea un tribunal de Mayor Riesgo el que conozca del proceso, como si se tratara de peligrosos criminales o miembros del crimen organizado. Pero este no es el primer caso de acoso judicial que sufren los dirigentes de aquella región; de acuerdo con información de la Unidad de Defensores y Defensoras de Derechos Humanos (Udefegua), a finales del mes de febrero un juez de Primera Instancia de Huehuetenango ligó a proceso a Sotero Adalberto Villatoro, Francisco Juan Francisco y Arturo Pablo, tres líderes de las comunidades de Barillas, por el delito de secuestro presuntamente cometido en el 2012, a pesar de que la fiscalía solicitó el sobreseimiento del proceso por carecer de pruebas.

El caso de Rubén Herrera, dirigente de la Asociación de Desarrollo de Huehuetenango, y de otros 30 líderes del departamento que afrontaron procesos penales y privación de libertad pero que fueron absueltos en el momento de la acusación por falta de pruebas, muestra la utilización de la persecución penal sin fundamento legal como estrategia disuasiva y de criminalización contra pobladores y dirigentes.

Si el sistema de justicia del país fuera imparcial y objetivo, no cabría duda sobre que las aprehensiones o el encarcelamiento están sustentados en una investigación exhaustiva y que hay suficientes elementos probatorios de la comisión de un delito. Sin embargo, la porosidad del sistema y el alto grado de discrecionalidad con el que se actúa en beneficio de sectores poderosos —que compran o presionan funcionarios— facilita enormemente que se retuerza la justicia y que se la convierta en el mecanismo ideal para terminar con los movimientos de resistencia pacífica y de defensa de derechos.