Ayer, el parlamento fue el escenario de la aprobación en pocos minutos de un préstamo de US$280 millones, equivalentes a Q2,156 millones. A esta situación causante de sospechas se agrega que el dinero será otorgado a una empresa específica, Sigma, una de cuyas características es la de trabajar con contratos adjudicados mediante concurso público, no licitación, los cuales, gracias al procedimiento de ampliaciones, han llegado a ejecutar proyectos de Q12.7 millones, a Q375 millones; de Q17.9 millones a 1,551.4 millones, sin emplear la Ley de Contrataciones.

Los últimos días se mencionó que el Gobierno tenía problemas para conseguir el apoyo necesario, pero con la cantidad de 147 diputados que votaron ayer, quedó comprobada la posibilidad de que el Congreso es el lugar donde puede ocurrir cualquier cosa, aunque sea imposible de explicar o entender.

En fecha reciente, el Legislativo aprobó también en pocos minutos la Ley de Telecomunicaciones. En este momento hay una serie de acciones de inconstitucionalidad. A estos asuntos técnicos se suma la situación similar de una aprobación efectuada con una celeridad sorprendente.

Otro factor similar lo constituye la calificación de “urgencia nacional” otorgada a ambos casos. En la práctica, ello significa que muy pronto todas las votaciones en el hemiciclo serán aceleradas a causa de ese calificativo, cuya justificación debe ser el resultado de situaciones graves como desastres provocados por la acción de los elementos naturales, como terremotos e inundaciones, pero nunca para la aprobación de préstamos cuya justificación es o puede ser motivo de discusiones políticas, sociales y económicas.

El Banco Centroamericano de Integración Económica, al autorizar el dinero, señala que no asume ninguna responsabilidad con lo concerniente a la contratación directa solicitada por el Gobierno para la empresa Sigma. O sea que no tiene voz ni voto en el destino de los fondos que otorga en préstamo. Esa forma de actuar puede ser motivo de suspicacia, porque, como todo banco, necesita investigar los objetivos, planes de pago y viabilidad de los proyectos.

Ahora es necesario que alguien explique qué significa “gastos de preinversión” por US$8 millones, porque es una cantidad más que suficiente para adquirir favores, una posibilidad que demasiadas veces se ha materializado en Guatemala. Mientras tanto, de nuevo el prestigio del Congreso se entierra a mayor profundidad. Es imposible no pensar en lo que se puede hacer con esos Q2,156 millones al utilizarlos de manera correcta para paliar algunas de las necesidades sociales que tienen al país en un atraso total.