Los temores del recién estrenado presidente parecen hacerse realidad respecto de la reticencia de atrasar al máximo la presentación de su Gabinete, porque según él, al salir a relucir los nombres, empezarían las descalificaciones. Una mala percepción sin duda, ya que no se trata de eso, sino de un escrutinio público, que en el caso de la prensa es un compromiso permanente y obligado, con el objetivo de que la administración pública se ejerza bajo los mejores estándares de calidad, responsabilidad y honestidad.

El mismo presidente, a lo largo de su campaña y en los días previos a asumir el poder, fue enfático en afirmar que no toleraría la corrupción ni los actos que riñan con la ética en su administración. De hecho, en su mensaje al asumir el mando reiteró que no tolerará “la corrupción ni el robo” porque es algo que sí puede cumplir. Si hubiera revelado antes su lista de ministros, habrían aflorado los señalamientos contra la recién nombrada jefa de la cartera de Comunicaciones, quien en el pasado reciente fue contratista del Estado.

Ayer, durante el acto de recepción del mando por parte de las Fuerzas Armadas, el gobernante afirmó que la recién designada funcionaria Sherry Ordóñez no asumirá el cargo si se comprueba que es o ha sido contratista del Estado. También dijo que se habían hecho las respectivas investigaciones y que no se encontraron anomalías para poder proceder con un nombramiento que ahora enciende la primera polémica.

El mandatario fue tajante al indicar que no se le dará posesión a nadie que acarree con su nombramiento algún rastro de ilegalidad, y reiteró que tomará la última decisión cuando una nueva investigación determine la situación de la ya juramentada ministra.

En todo caso, este primer tropiezo debe ser visto como una oportunidad para enviar un claro mensaje de renovación en el manejo del Estado, que es el principal argumento del presidente, quien debe ver en las objeciones planteadas al nombramiento una muestra de la colaboración en favor de un país más transparente.

Esta designación podría convertirse en un valladar si no se corrige a tiempo, pues el nombramiento de la señora Ordóñez puede ser legal, aunque no dejará de ser un dolor de cabeza, porque efectivamente ha sido contratista del Estado por muchos años o ha administrado empresas que en todo caso son las que han obtenido adjudicaciones millonarias, y su vinculación durante tantos años con ese sector proyecta la sombra del conflicto de intereses sobre su idoneidad y prioridades.

Podría ser que al presidente Morales le hayan informado que no existe ninguna ilegalidad y quizá sea cierto, ya que por lo menos durante el último año la designada ministra no ha tenido ningún contrato con el Estado.

Otro de los más graves señalamientos contra Ordóñez es un juicio iniciado por la Superintendencia de Administración Tributaria, por falta de pago de IVA, razones suficientes para que el mandatario actúe con prudencia y no se someta a un desgaste innecesario que puede comprometer su credibilidad, al menos en este caso específico.