Prensa Libre

pues dice el proyecto de ley que el presupuesto será del mismo monto que el presupuesto del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Alimentación, o sea 1,600 millones de quetzales.

Dice el artículo 9 en una de sus partes que el Sistema Nacional de Desarrollo Rural garantizará la ejecución del Plan Nacional de Desarrollo Rural y aquí se le asignan ciertas funciones, entre las cuales están las siguientes políticas: agraria, agrícola, pecuaria, forestal; e hidrobiología, económica, social, laboral, de participación social y desarrollo político, cultural y educativa, reducción de vulnerabilidad y gestión de riesgos, soberanía alimentaria y seguridad alimentaria y nutricional, socioambiental, política nacional de promoción y desarrollo de las guatemaltecas —enmienda presentada— y otras que defina el Gabinete de Desarrollo Rural Integral.

Esto podría verse como positivo si desaparecieran los ministerios y entidades que ya tienen esas funciones como Fonapaz, el Maga, Conred, Mineco, etc. Pero eso sabemos que no será así. El megaministerio con todas esas funciones servirá para los propósitos clientelares de una creciente burocracia, atractiva para los intereses electorales de partidos políticos.

El proyecto de ley en su artículo 10 dice: “La política agraria reformará y democratizará el régimen de uso y tenencia de la tierra…” y reformado dice: “La Política Agraria mediante programas especiales y legislación adecuada, promoverá la transformación de la estructura tenencia de la tierra…”, es exactamente lo mismo dicho de otra manera, con la incertidumbre de cuál será la legislación adecuada.

En el artículo 15 reformado, dice: “La política de Participación Social y Desarrollo Político debe de establecer principios para reconocer, promover y garantizar la participación de la población rural en la toma de decisiones en los diferentes niveles —local, municipal, departamental, regional y nacional—...” o sea que prácticamente se estaría creando un gobierno paralelo en el que, desde los Cocodes, municipalidades y gobierno central no podrían tener políticas propias

Dicen los señores líderes de las organizaciones campesinas que con las enmiendas se le quitan las inconstitucionalidades a la ley, pero, ¿qué seguridad tiene que todas las enmiendas serán aceptadas por los diputados? Ya los miembros de una bancada dijeron que ellos aceptarían votar a favor de la ley sin enmiendas.

En fin, creo que se debe tratar de retomar el diálogo, estructurando una ley que sea congruente con la Constitución y con la realidad tanto económica como jurídica.

Siempre nos seguiremos preguntando: ¿Las más de millón y medio de hectáreas repartidas han sacado a los agricultores de la pobreza? El desarrollo no es cuestión de leyes, es cuestión de seguridad jurídica, de financiamiento y de trabajo.

Se hace otra prueba que no va a funcionar.