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16/01/13 - 00:00 Opinión

A CONTRALUZ

A rajatablas

EN SU PRIMER AÑO de gobierno, el Partido Patriota demostró una labor más definida en las áreas de seguridad, comunicaciones y programas sociales, pero una acción errática y a veces inconsistente en transparencia, economía, desarrollo rural, salud y derechos humanos. El Ministerio de Gobernación ha sido quizá el que más trabajo ha demostrado, con el impulso de fuerzas de tarea, lo cual ha deparado una baja de hechos violentos. Pero, ojo, ese fenómeno de descenso no es nuevo, ya que se venía observando desde la administración de Colom.

HAROLDO SHETEMUL

El problema es que en términos reales, de calidad de vida, la población no percibe esa supuesta mejoría. La percepción es que la ola de violencia continúa igual o quizá con mayor saña.

TAMBIÉN HEMOS VISTO un mejoramiento de algunas rutas del país y el impulso de los programas sociales que son herencia de Sandra Torres. Si al gobierno anterior se le achacaba la falta de transparencia, al PP se le debe señalar porque los programas asistenciales han pasado a ser clientelares y manejados por la estructura del partido oficial, que define a quién le dan remesas y bolsas solidarias. O sea, de la opacidad se pasó al uso abusivo de los recursos del Estado para fines partidistas.

EN TRANSPARENCIA es quizá donde este gobierno tiene la principal mancha. El partido oficial ha comenzado a pagar su deuda de campaña electoral. La aprobación de la Ley de Telecomunicaciones, promovida desde el Ejecutivo, significó la entrega de las concesiones de frecuencias de radio, televisión y telecomunicaciones a un grupo muy reducido de empresarios, entre ellos quienes pagaron la campaña de Pérez Molina. Lo mismo ha ocurrido con la compra de medicinas y la privatización de Puerto Quetzal, así como dejar que la minera defina cuánto quiere pagar de regalías. Es posible que por el impacto negativo que esta situación ha tenido, el presidente diga que el 2013 será el año de la transparencia. Demasiado tarde, porque el mal ya comenzó, y si no que lo diga el cierre a rajatablas de Fonapaz, sin que se haya abierto una investigación que comience con su director, Armando Paniagua.

EN EL ÁREA ECONÓMICA y de desarrollo rural, la situación va de mal en peor porque ha crecido el desempleo y el Gobierno les vio cara de pendejos a los grupos campesinos que creyeron que estaba interesado en impulsar la ley de desarrollo rural. Otro tanto ocurre en derechos humanos porque este régimen ha demostrado su propensión a proteger a los violadores de derechos humanos, como lo demuestra su postura de negar que en el país haya habido genocidio. A última hora, Pérez Molina dio marcha atrás al acuerdo que limitaba la labor de la CIDH porque se dio cuenta de que iba a manchar su imagen externa, no necesariamente porque estuviera en contradicción con su política de derechos humanos, la cual o no existe o es demasiado elástica. A Pérez Molina le queda un año efectivo para demostrar un cambio cualitativo, de lo contrario pasará como otro más de la lista de los que solo se han aprovechado del erario.

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