Estamos muy cerca de las elecciones de magistrados a la Corte de Constitucionalidad y el evento ha generado una serie de elucubraciones, opiniones y sentencias , muchas de ellas provenientes de grupos que se dicen ser los representantes de las mayorías, pero que en la realidad son solo pantalla porque sus derrotas electorales han sido sostenidas; sin embargo, organizaciones afines a ellos como la Corte Interamericana de Derechos Humanos, organismos de Naciones Unidas y algunos países les siguen creyendo, debido a su presencia mediática y al lobby internacional que hacen. El jueves, en un canal de televisión oímos al joven abogado Guillermo Cifuentes, organizador del foro donde participaron cinco abogados, candidatos a la elección por el Colegio de Abogados, comentando que su grupo no se consideraba “sociedad civil”, pues en ella hay 15 organizaciones —todas— fundadas por el mismo dirigente, que hace creer a incautos que son una enorme masa de la población.

Hay otro grupo que asevera que los magistrados Roberto Molina Barreto y Héctor Hugo Pérez Aguilera tienen impedimento, pues no se pueden reelegir… ¡Absurdo! Veamos el caso de Alejandro Maldonado Aguirre, quien en varias ocasiones se reeligió, pero definitivamente estos dos candidatos no son del agrado de semilleros, camaradas y otros grupos de la alicaída izquierda. Definitivamente la polémica entre los juristas está totalmente teñida de un tinte ideológico y todos los izquierdistas que pretenden tomar la Corte de Constitucionalidad dan una serie de razones para que aquellos magistrados que han defendido verdaderamente la Constitución, no lleguen y sea dominada por aquellos que no darán fallos apegados a la Carta Magna, que no respetarán la propiedad privada y el debido proceso.

Declaraciones recientes de embajadores y funcionarios del sistema de Naciones Unidas han manifestado que ellos estarán vigilantes y acompañaran el proceso para que los candidatos sean comprometidos con los Derechos Humanos, en vez de decir que estén comprometidos con la Constitución y sus preceptos. Esta semana circuló en las redes sociales la posible candidatura de Claudia Paz y Paz, la anterior fiscal general, que durante su gestión dejó pasar todos los actos de corrupción que están sucediendo y que eran vox pópuli en todos los sectores, pero su carga ideológica no le permitía ver la realidad. La posibilidad de su llegada al tribunal constitucional sería preocupante, pues las resoluciones serían sesgadas para favorecer a todos aquellos que violan la ley, con el pretexto de reivindicaciones y buscando resarcimiento.

Tanto el señor presidente, Jimmy Morales, como los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y el Congreso deben elegir candidatos que sean juristas probos, con experiencia en los temas que le competen a esa Corte, pues la verdad es que la CC se han convertido en una instancia que ve de todo y los magistrados no se circunscriben al orden constitucional, por lo que están atiborrados de expedientes y por ello no se cumple para nada con los plazos que la ley exige. La elección del magistrado del Colegio de Abogados, que es la única democrática porque es por medio de sufragio en asamblea general donde los 23 mil colegiados elegirán a su representante y suplente, está en cierta forma dominada por grupos cuyos intereses son oscuros y las millonarias campañas para apoyar a sus candidatos están a la vista en todos los departamentos, haciendo quién sabe qué ofrecimientos. Esperamos que los abogados conscientes y rectos acudan a las urnas para neutralizar a aquellos de dudosa reputación. Todos los electores deben rechazar cualquier imposición.