Paralelamente al desafío de satisfacer las necesidades básicas de los guatemaltecos, que pasan por la seguridad, la educación y la salud, también se hace cada vez más urgente la de emprender una profunda reforma al sistema de justicia, que en nuestro caso puede ser la piedra fundamental para el fortalecimiento y la consolidación de la institucionalidad.

Sobre esa urgencia no deben quedar dudas, pues cuando alguno de los engranajes no funciona adecuadamente, existe el riesgo de que surjan amenazas en más de uno de los sectores que participan de esa maquinaria cuyo único fin debe ser el combate de la impunidad.

Por ello es que ahora se han renovado el llamado y los esfuerzos por emprender una reforma en las distintas instituciones que deben jugar un papel fundamental en el fortalecimiento del estado de Derecho.

Ninguna democracia puede funcionar adecuadamente si, por ejemplo, sus cuerpos de seguridad están infiltrados por grupos criminales o su funcionamiento es deficiente, lo cual se replica en los entes dedicados a la investigación y persecución criminal, que también por esas causas pueden convertirse en inoperantes.

Mucho menos se puede aspirar a combatir en forma eficiente esas estructuras que viven de la criminalidad y el latrocinio si no reciben un adecuado castigo, sobre todo por la facilidad de infiltración que hasta ahora han demostrado y que pueden incluso lograr retorcerle el brazo a la justicia.

Por ello debe ser respaldada la iniciativa que el pasado martes se planteó en el Congreso, de integrar a la mayor brevedad una mesa de diálogo que impulse una serie de reformas en el sector justicia, que es uno de los más sensibles para erradicar, o por lo menos reducir, los altos indicadores de criminalidad, inseguridad y corrupción que lastran nuestro desarrollo.

Uno de estos puntos es la reforma a la Ley Orgánica del Ministerio Público, que se viene planteando desde hace años y que podría permitir que quien conduce esa dependencia tenga mayor poder para remover o fijar políticas anticrimen que no tropiecen con oposición interna o la de entes politizados que podrían estar al servicio de otros intereses.

Si se aprovecha la coyuntura, se puede empezar por hacer del MP una entidad mucho más eficiente, sobre todo que cuente con los recursos suficientes para brindar una cobertura que supere ese raquítico 10 por ciento de presencia nacional.

Pero además es urgente trabajar en un cambio profundo de la Carrera Judicial, para que en las cortes también se erradique la corruptela que prevalece en la designación de altos cargos, que en determinados procesos dan muestra clara de haber perdido la facultad de fallar con plena independencia.

En todo este proceso es necesario emprender una transformación de la Policía Nacional Civil, así como de otros cuerpos de seguridad, que históricamente han mostrado ser susceptibles a la infiltración criminal, pues además es por allí que pueden empezar a sentarse las bases de una batalla frontal contra la impunidad.