Irónicamente, y a pesar de que la mayor parte de diputados que integran el Congreso de la República ganaron su curul “representando” distritos electorales ubicados a lo largo y ancho del país, para poder ser escuchados por la institucionalidad del Estado, cerca de 30 mil personas tuvieron que marchar por 11 días desde tres puntos distintos del país hacia la Ciudad de Guatemala y plantarse frente al Congreso y en la Plaza de la Constitución exigiendo respuestas a una situación que amenaza directamente sus medios de vida. No puede haber mayor muestra del fracaso de nuestro sistema político que hechos como este, en que a la ciudadanía no le queda más remedio que tomar este tipo de medidas porque sus interlocutores oficiales —electos para esa función y pagados con nuestros impuestos— simplemente no se interesan en sus problemas.

¿En qué medida las reformas a la Ley Electoral y de Partidos Políticos recientemente aprobadas contribuirán a acabar con esta clase de “representantes” que solo se representan a sí mismos o a intereses muy particulares? Algunos conocedores del tema aseguran que la LEPP reformada constituye un avance, aun y cuando no se hayan aprobado todas las reformas que se exigían. Sobre todo, porque se instituyó un mecanismo que permitirá ir haciendo ajustes cada cuatro años, medio por el cual supuestamente se irían completando los requerimientos ciudadanos no atendidos de democratización del sistema político, que a su vez permitiría el recambio de la nefasta clase política actualmente existente. Ya nos quedó claro que la sola entrada de gente joven y gente “nueva en la política” no nos asegura más que la renovación generacional de la corrupción y la infamia. Las reformas a la Ley Orgánica del Congreso se podrían comprender también en este contexto; como otro procedimiento más de varios que habrán de darse en los próximos años para reajustar el sistema político.

Nótese que esta estrategia de “reformismo gradual y selectivo” que se viene aplicando a la remodelación del Estado guatemalteco tocó ya también al Ministerio Público. Ahora es el turno del sistema de seguridad y justicia, procedimiento que para ser exitoso requiere modificaciones a la Constitución. Debemos estar muy atentos a lo que se propone hacer.

Pienso que si no se aplican en paralelo reformas al sistema económico —para democratizarlo— y al sistema que reproduce las ideas y el pensamiento dominante en la sociedad (comprende mucho más que el sistema educativo), esta remodelación selectiva del Estado guatemalteco quedará incompleta y deforme nuevamente. Otro paso ineludible es la reforma del aparato público, en cuanto a su organización político-administrativa, su despliegue territorial, así como su sistema de gestión y financiamiento. Las propuestas de reforma a la SAT, actualmente en debate, son el primer signo de que se tomarán medidas fuertes también por esta vía, que deberían complementarse con una reforma a la Ley Orgánica del Organismo Ejecutivo, a la del Presupuesto y ojalá también a las leyes de descentralización y participación ciudadana por donde se movilizan los preciados recursos del Estado.

Queda por ver si los procesos que están en marcha tocarán estos otros ámbitos en los próximos años, y si el proceso tomará otro ritmo e intensidad. El recambio se requiere en estas cinco esferas clave; no habrá ningún “Plan” que logre detener la migración indocumentada ni se reducirán las otras preocupaciones de seguridad regional que dominan la geopolítica contemporánea si ese proceso queda incompleto o si se elude la necesaria modernización y democratización de la economía.

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