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Prensa Libre

02/08/12 - 02:28 Opinión

Al respecto de una propuesta

El tema de las reformas a la Ley de Partidos Políticos como paso previo a hacer lo mismo con la Constitución es el centro de las sugerencias hechas públicas ayer por la entidad denominada Convergencia Nacional para la Reforma Política (Conarep), de reciente formación y no conocida, pero que plantea un plan que, como es natural, tiene sugerencias atendibles, discutibles, inconvenientes o contraproducentes.

EDITORIAL

Según dicha entidad, lo principal es asegurar que quienes sean convocados a reformar la Constitución en efecto representen a los sectores sociales, porque la actual ley no lo asegura, ni permite que los partidos políticos sean organizaciones democráticas y autónomas. Agrega que se debe vigilar el financiamiento de estos y la propaganda, impedir el nepotismo y que los secretarios generales solo se puedan reelegir internamente dos veces, y para aspirar a un puesto de elección deban esperar dos períodos después de haber dejado ese puesto dirigencial partidista.

Además de crear una nueva ley de organizaciones políticas, el Conarep propone el nacimiento de un instituto nacional electoral, pero no expresa cuál será la relación de este con el Tribunal Supremo Electoral, y agrega que las resoluciones en esta materia solo podrían ser elevadas a la Corte de Constitucionalidad. Los candidatos a alcaldes que no alcancen el 40% de los votos y no logren un 15% más que quien ocupe el segundo lugar, deberán participar en una segunda vuelta. La propuesta incluye limitaciones al financiamiento de los partidos, cuyo aporte privado no podrá ser mayor del 20% del total, y las donaciones personales no podrán pasar de mil dólares.

Estas variadas propuestas deben ser motivo de un análisis crítico de otros sectores sociales. Han sido presentadas con seriedad y pueden constituir un documento sobre el que estos se manifiesten, para llegar a un consenso. No se debe analizar qué es o quiénes integran la entidad proponente, sino la validez, conveniencia o factibilidad de sus sugerencias, una por una. Es momento de solicitar el aporte de otras agrupaciones sociales similares, para compararlas entre sí y con las sugerencias que sean realizadas por el Gobierno.

Obviamente esto toma tiempo, y para trabajar de manera seria es imposible presionar para que en una fecha casi inmediata sea aprobado lo que el sector oficial desee proponer. El mayor valladar lo constituye la desconfianza ciudadana en el Congreso y en los partidos. Las reformas constitucionales no lo pueden hacer a un lado, y la forma de recuperar en algo la confianza popular es cómo se manifiesten los diputados en la tarea previa a cambiar el contexto legal de los partidos y de los políticos.

El acuerdo inicial es precisamente ese orden de reformas. Algunos funcionarios están convencidos de que el cambio a la Constitución provocará el de la ley de partidos. Es un tema de discusión democrática, de defensa de criterios, en forma respetuosa, con el requisito de que un cambio en la actual posición oficial no sea considerado una derrota ni una victoria, sino solo una urgente e impostergable muestra de madurez y buena intención.

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