Prensa Libre

Ciertamente, en todos los países democráticos la imagen que los congresos o los parlamentos tienen en la ciudadanía no es la mejor, y son constantes las críticas a la actuación de los diputados o senadores, según el caso. Es natural, porque se trata de la institución estatal con mayor importancia, ya que en teoría tiene la representatividad directa de los ciudadanos, organizados en partidos políticos de larga data, de diversas ideologías e integrados por personas que han actuado en política partidista por muchos años y con ello han ascendido en su escala interna.

No es el caso en Guatemala. La facilidad de fundación de partidos políticos que fue presentada en la actual Constitución Política de la República se convirtió de hecho en la razón para el surgimiento de grupos organizados alrededor de un autonombrado dirigente. Ello explica la proliferación de partidos, su corta vida y la vaciedad de contenidos, de programas y de criterios, suplantados por la capacidad y la disposición de componendas de todo tipo. Poco debe extrañar entonces el mal nombre de los partidos y, en general, de los políticos guatemaltecos.

Debido a estas características, se afianza la importancia y la responsabilidad personal de los parlamentarios. En el nuevo Congreso hay diputados que han permanecido varios períodos y con partidos diferentes, entre ellos muchos de los causantes de la mala imagen parlamentaria. Ya hay algunos luchando por cambiarse de partido, con oportunismo inaudito. Pero hay una serie de caras nuevas, a quienes se les debe dar el beneficio de la duda, como se ha dicho tantas veces en la política nacional. Son 90 de los 154 diputados, o sea el 58%. Si ellos actúan de manera correcta, habrá esperanza.

La seriedad de los problemas nacionales obliga a que la relación entre los poderes del Estado sea la que debe ser. El Legislativo puede paralizar la actuación del Ejecutivo y ambos pueden quedar mal si el Poder Judicial se convierte en una fuente de desconfianza de la democracia, como consecuencia de que se mantenga la ineficiencia en la justicia a causa de retrasos, de corrupción y de politización de la justicia. Lo peor que puede ocurrir es que el brazo legal no sea de la justicia aplicada a todos, sino obedezca a espurios intereses de políticos, tanto dentro como fuera del Gobierno.

Se trata, entonces, de que los diputados comprendan no solo la importancia de su tarea, sino la vigilancia de sus actividades que mantendrá la población, a causa de la efectiva labor de los medios informativos independientes. Se trata también de que todos, en especial los nuevos, tomen la decisión de no pasar a la historia como simples levantamanos, sino como representantes de los intereses populares.