Prensa Libre

El Procurador no se ha de acordar que, según la Encuesta de Salud Materno Infantil, más de la mitad de las mujeres jóvenes indígenas del área rural han tenido un parto antes de los 20 años, y siete de cada 10 no tenían educación primaria. Eso perpetúa el ciclo de la miseria en que vive buena parte de la población de nuestro país, y significa la reducción de la autonomía social y económica de muchas mujeres jóvenes y sus familias, además de poner en riesgo sus vidas y las de sus hijos o hijas.

Sin saber escribir, muchas veces, ni siquiera su nombre, y sin entender qué es eso de los valores en una sociedad que las tiene viviendo en la orilla del mundo, las adolescentes difícilmente estarán interesadas en los temblores de la Iglesia cuando se aprueba una Ley como la de Planificación Familiar. Pero sus cuerpos intuyen que hay una historia de siglos, diseñada y eternizada por la religión, la política y la educación, entre otros, que las mantiene bajo el yugo del “creced y multiplicaos”.

A ellas, hablémosles de abstinencia, de depresiones posparto, de bebés rozagantes. A ellas, que padecen a diario el acoso de violadores en su propia casa, contémosles que el Procurador emitió una resolución que las deja completamente desprotegidas, sólo porque le sonó que podría aparecer la palabrita “aborto” en alguna parte.

Guatemala es el país con las más altas cifras de embarazos adolescentes de Centroamérica y ostenta, en América Latina, uno de los primeros lugares en mortalidad materna e infantil. En el mundo vemos morir a diario a 45 mil niños y niñas menores de 5 años, por hambre, sed, enfermedades curables y negligencias evitables; la mayoría en países como el nuestro. Con todo, aún hay tomadores de decisión que se oponen a que se eduque en salud sexual y reproductiva, sólo porque la asocian con la palabra que tanto les asusta: aborto. Por mi trabajo, estoy en contacto con niñas y adolescentes embarazadas desde los 11 años, muchas de ellas violadas por padrastros, padres, tíos, abuelos o primos. Cuando estas pequeñas ven por primera vez un video sobre cómo será un parto normal o una cesárea, puedo ver sus ojos abrirse de miedo.

Que relea el Procurador la resolución que emitió, que se informe científicamente sobre conceptos como concepción, implantación y fertilización; que pregunte a médicos serios sobre los métodos anticonceptivos, que lea a Carl Sagan en su maravilloso ensayo Entre la vida y la elección —lo encuentra en internet—, que estudie las leyes nacionales e internacionales existentes en materia de salud sexual y reproductiva, incluso nuestra Constitución, que manda una educación gratuita, obligatoria y laica. Que considere si su resolución violenta o no esas leyes, aunque solo constituya una recomendación moral.

En ocasiones los liderazgos se sostienen más sobre los prejuicios de una moral timorata y políticamente correcta que sobre principios de conciencia. Es indolente, irresponsable e inútil, esconder información en un mundo globalizado y tecnificado. Y, señor Procurador, negar información a personas en formación en una sociedad donde muchas niñas mueren por dar a luz es, como decimos por aquí, un pecado.

Tenemos la responsabilidad de formar a las nuevas generaciones, hablándoles abiertamente de una salud sexual y reproductiva que va mucho más allá de los métodos anticonceptivos. Hay que contarles que la sexualidad se basa en el amor, la responsabilidad y la comprensión, más que en el miedo y el pecado. De todas maneras, con o sin resolución, seguiremos apostándole a formar para la libertad de elección.