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21/04/13 - 00:05 Opinión

El riesgo de limitar derechos

La incontrolable ola de inseguridad ha mantenido en vilo a los últimos gobiernos, y hasta ahora ninguno ha encontrado las claves para reducir de manera sostenible los agobiantes índices de muertes violentas o las escenas cotidianas de pillaje en las calles, por mencionar apenas dos de las más recurrentes pesadillas que se viven en Guatemala, pero que son el ejemplo de una realidad insoportable, casi surreal, que cada cuatrienio se convierte en cantaleta electorera y luego en exposición de culpas de la administración anterior para prolongar las excusas.

EDITORIAL

El más reciente anuncio de tales alternativas lo hizo el ministro de Gobernación, quien afirmó el lunes último que el Gobierno evalúa la implementación de estados de Excepción en los municipios que presentan los mayores índices de violencia y su aplicación se circunscribiría a la restricción de algunas garantías constitucionales, lo cual se haría por períodos cortos, de horas o días, y podría incluir hasta tres localidades, sin que, según él, deba tener la aprobación del Congreso.

Sin embargo, ahí radica el primer gran obstáculo legal para esta estrategia, porque en toda democracia que se precie de serlo ninguna garantía constitucional puede ser limitada sin autorización de la máxima representación popular ni se pueden hacer interpretaciones apresuradas sobre la potestad estatal sobre los derechos ciudadanos, que ya suficiente tienen con el calvario cotidiano que les toca vivir con la incertidumbre de si lo lograrán.

Derechos fundamentales como el de locomoción o de reunión, que contribuyen enormemente a consolidar ese espíritu de libertad que fue tan seriamente afectado durante las décadas de gobiernos militares, son pilares que no se pueden quitar y poner a la ligera, sin provocar un impacto en la población, pues ello sentaría precedentes nefastos que a la larga pueden repercutir en daños a la institucionalidad y a la misma conducta de quienes se ven investidos de un poder superior.

El Gobierno puede hacer uso de los recursos legales a su alcance para llevar a extremos la ejecución de medidas necesarias, pero no puede bastar la simple presunción de buena fe que se encuentra detrás de tales disposiciones, sobre todo si se toma en cuenta que en otros países algunos gobiernos intolerantes se han servido de tales mecanismos para acallar o debilitar disidencias. Se entiende que existen las mejores intenciones, pero ello no los exime de cumplir con los requisitos legales.

En todo caso, la barrera más desafiante para el objetivo gubernamental es que las políticas de seguridad de los últimos gobiernos se siguen concentrando en los efectos de un gran desasosiego social y le prestan muy poca atención a las verdaderas causas que subsisten en cada expresión delictiva, y mientras se sigan concentrando recursos en aparatos de seguridad y muy pocos en la población, difícilmente podremos ver un panorama distinto.

Nueva York, Medellín y Bogotá pueden brindar valiosas experiencias en ganarle espacios a la delincuencia, pero para eso se necesitan estrategias más integrales que estén dirigidas a buscar soluciones de largo plazo.

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