Prensa Libre

En el caso de la Constitución, primero se debe explicar el porqué de esos cambios, que no han sido desarrollados en su totalidad y por tanto no es segura la necesidad de hacerlos. Luego es imprescindible señalar cuál es el papel que jugarán los diputados convertidos de pronto en constitucionalistas. Para nadie es un secreto que la integración de la Asamblea Nacional Constituyente de 1984 tenía una calidad más alta, en general. Por ello es razonable pensar que es alta la posibilidad de cambios inconvenientes y atentatorios contra la esencia de la democracia participativa.

En el caso de la ley que regula la actividad de los partidos políticos y las elecciones, el riesgo es aún mayor. Es necesario analizar las fuentes de donde emanaron todos los problemas ocurridos sobre todo en las elecciones anteriores. En ambos casos, la discusión acerca de qué cambios hacer debe estar a cargo de la sociedad civil organizada, y los grupos políticos que reciben el nombre de partidos de alguna manera tienen que comprometerse a acatarlos y hacerlos realidad.

Parece haber acuerdo nacional en la necesidad de efectuar algunos cambios en la Constitución y la Ley Electoral, pero en lo que no hay consenso, ni puede haberlo si previamente las partes no se comprometen ante la sociedad a actuar de manera responsable, es en cuáles serán las reformas y sobre todo por qué razones. Algunos de los criterios constitucionales han incidido de manera fundamental en el afianzamiento democrático. La Ley de Emisión del Pensamiento es un ejemplo.

Soplan vientos antidemocráticos en el continente americano que se reflejan en las presiones de todo tipo para silenciar las voces opositoras y el cumplimiento de los derechos de informar y ser informado. Este mal puede contagiarse en Guatemala, por la acción de una asamblea constituyente que se autonombre soberana y, por tanto, capaz de cambiar la totalidad de la Constitución, con resultados casi inimaginables para el ordenamiento democrático.

Estas son algunas de las causas por las que los cambios mencionados hoy deben ser el resultado del consenso de la sociedad civil con los actores políticos. Si se quiere actuar en serio y en forma transparente, es imprescindible que se piense sobre todo en la necesidad de los cambios constitucionales. En el caso de la Ley Electoral es evidente la necesidad, pero lo es también que no favorezca a los partidos, sino al proceso democrático. En suma, el trabajo previo debe ser el que tome más tiempo y esfuerzo.