Prensa Libre

CAROLINA ESCOBAR SARTI

Diez y seis años después, y en un país de altísimos niveles de corrupción generalizada, es tiempo de cerrarlo, para evitar que los políticos de turno y sus socios no gubernamentales sigan creyendo que es su cueva de Alí Babá y terminen, incluso, financiando campañas electorales con los fondos destinados a levantar un país. Veremos cómo cierra este gobierno todo el tema de Fonapaz durante el año 2013, y si no terminan vistiendo otro santo con el mismo vestido.

Cosa aparte es lo que se quiere hacer en el IGSS, quitando a su actual presidente de la Junta Directiva antes de tiempo. Este es un recambio de subido tinte político en una institución que se creó hace más de 60 años para beneficiar a la clase trabajadora y sus familias. El IGSS ha sido saqueado una y otra vez, y ahora que por fin comienza a caminar con más transparencia, al ritmo de los tiempos actuales y de las necesidades de la población, enfrenta una nueva amenaza. Cabe preguntarse si, poniendo a uno de los suyos en la presidencia de la Junta Directiva de esa institución, no estará pensando el partido oficial en lo que podrían representar los jugosos fondos de la Seguridad Social para la próxima campaña electoral. Pero eso sería hilar muy fino, así que mejor no sigo en esa línea.

(Por cierto, voy a hacer aquí un paréntesis. Urge reformar la Ley Electoral y de Partidos Políticos que está en alguna gaveta legislativa, no solo para fiscalizar mejor el dinero de las campañas, sino para fortalecer a un Tribunal Supremo Electoral que termina siendo como la estrella del árbol de Navidad: tiene que estar allí como el artículo decorativo más importante de la época, pero muchos no saben ni por qué está. Y digo esto porque algunos partidos ya iniciaron su campaña electoral con vallas, regalitos, ofrecimientos o presencia mediática estratégica.)

Vuelvo al IGSS y a su Ley Orgánica. Si llegara a darse el recambio que manda el presidente de la República y saliera el actual presidente de la Junta Directiva del Instituto, no solo se estaría violando la autonomía del IGSS y el debido proceso, sino los derechos a obedecer las leyes y guardar el respeto a las autoridades. Para nombrar al nuevo presidente de la Junta Directiva del Instituto hay que cumplir los procedimientos establecidos en los artículos del 4 al 11 de su Ley Orgánica. Además, cuando al actual presidente de la Junta se le prolonga el mandato en el 2010, queda establecido que su gestión terminaría en septiembre de este año, no antes.

Si bien la Constitución autoriza al presidente a cambiar a los altos funcionarios de Estado cuando lo considere pertinente, hay que insistir en que el IGSS tiene una autonomía funcional orgánica, también por mandato constitucional, como la tienen el Banco de Guatemala, la Usac y la CDAG. Así, el presidente de la Junta Directiva del IGSS no debe ser considerado como un empleado gubernamental más.

La pelota está en la cancha de la Corte y nosotros, los de a pie, no vemos que las cosas sean tan complicadas, legalmente hablando. Pero lo personal y lo político terminan muchas veces imponiéndose. Reyes Mayén, el presidente en funciones de la Junta Directiva, culmina su periodo en septiembre, a solo nueve meses a partir de ahora. Al país, a los afiliados, a la institución, a la ciudadanía, al sistema de leyes, al Estado, al Gobierno, a los jóvenes que ven cómo actúa la clase política, a todos nos caería muy bien que se respetara la normativa existente. Ojalá la balanza se incline hacia el lado que, en justicia, pesa más.