Prensa Libre

MARIELOS MONZóN

Aproximadamente, 79 mil personas han sido asesinadas en el Istmo del 2003 al 2009. Solo en el 2010 se reportaron aproximadamente 18 mil homicidios relacionados con armas de fuego, lo que se traduce en un índice de 42.85 homicidios por cada cien mil habitantes.

Las cifras en nuestro país son aterradoras: en el 2012, 465 mujeres y cuatro mil 160 hombres fueron asesinados con arma de fuego; en el 2011 se reportaron cuatro mil 365 hombres y 475 mujeres muertos violentamente al ser atacados con un arma de fuego; y tan solo en enero de este año, 441 personas fueron asesinadas de esta misma forma. Del total de homicidios reportados en el país el año pasado, el 82.2% se hizo con un arma de fuego. Los números no mienten, nos enfrentamos a una espiral de violencia —sobre todo de violencia armada— que alcanza niveles de pandemia.

La relación entre violencia y armas está muy clara, y nuestro país es un perfecto ejemplo de lo anterior, aunque haya quienes se empeñen en afirmar lo contrario. Por eso no extraña que los armeros —y sus voceros— que tienen intereses económicos muy fuertes que defender, acudan a argumentos simplistas y hasta ridículos para mantener intacto el negocio. Los propietarios de las compañías de comercialización de armas son de los principales financistas de los partidos políticos y ejercen su poder ante congresistas y magistrados para evitar el endurecimiento de la ley o su correcta aplicación.

De acuerdo con la Red Internacional de Acción sobre Armas Pequeñas (Iansa, en inglés), un arma de fuego es un instrumento 13 veces más letal que cualquier otro. Por eso cuando en el medio de un problema está presente un arma de fuego, lo más probable es que este termine en tragedia. Como explica Rebeca Peters, experta y activista internacional por el control de armas, en el mundo circulan unas 900 millones de armas de fuego y 3/4 partes está en manos de civiles, lo que pone a los estados en una posición de absoluta debilidad para ejercer el control y el uso de la fuerza. A esto se suma la carga desproporcionada de atención en salud que provoca la violencia armada: en Estados Unidos, por ejemplo, el monto destinado a atender este fenómeno es mayor que lo que se asigna al presupuesto conjunto de educación y salud, situación que seguramente es la misma en Guatemala, aunque no haya datos confiables que nos permitan demostrarlo.

Por supuesto que para alcanzar la seguridad se requiere soluciones integrales, pero en un país donde más del 80% de las muertes violentas se producen por armas de fuego es urgente una política pública de desarme y control de armas para garantizar el principal de los derechos: la vida.