Desde el 16 de abril, las develaciones de los casos de corrupción se vienen sucediendo una tras otra. La Cicig y el MP no han dado tregua y las investigaciones han revelado redes criminales que operan desde los tres poderes del Estado.

Al denominado caso La Línea, que implicó a funcionarios del más alto nivel del Ejecutivo, le siguió la denuncia contra el “bufete de la impunidad” y contra una jueza que habría recibido sobornos; después se destapó el caso IGSS-Pisa, en el que lamentamos la muerte de más de 20 pacientes; luego la denuncia por plazas fantasmas durante la presidencia de Pedro Muadi en el Congreso y el pago de sobornos de las empresas Jaguar Energy y Zeta Gas para conseguir favores presidenciales, que implicó a Gustavo Martínez, ex secretario general de la Presidencia y yerno del presidente Otto Pérez Molina. Siguieron los antejuicios contra varios diputados, jueces y alcaldes por diversos delitos y el destape del caso Lavado y Política, donde estarían envueltos, además de Chico Dólar, dos diputados de Líder y quien fuera el presidente del Banco de Guatemala y actual candidato a la vicepresidencia por el mismo partido, Édgar Barquín. Las capturas más recientes fueron las del exsuperintendente de la SAT, en tiempos de la UNE, Rudy Villeda y de un grupo de sus colaboradores, por su presunta implicación en la exoneración de impuestos a tiendas en el Aeropuerto La Aurora.

En el medio de las investigaciones penales, Cicig presentó el informe sobre el financiamiento político en Guatemala, que incluyó casos paradigmáticos que salpicaron a varios partidos políticos que hoy están en la contienda.

Primera conclusión: la persecución penal —derivada de investigaciones basadas en prueba científica— no tiene dedicatoria; queda claro que el objetivo es romper las estructuras criminales que han convertido al sistema en una cloaca. Insistir en que el comisionado Iván Velásquez habría sido cooptado por “grupos poderosos” para evitar el triunfo electoral del partido Líder es una afirmación absurda y sin sustento, como también lo es hablar de “judicialización de la política”. Segunda: ¿Cómo quieren que votemos en estas condiciones? Es necesario cambiar las reglas del juego relativas al sistema electoral y político o de lo contrario la corrupción continuará siendo la constante. Lamentablemente, la mayoría de diputados se siguen burlando de la población y hay muy pocas esperanzas de que esto cambie.

Por eso la pelota está en la cancha de las y los magistrados de la CSJ y del TSE, que no deben dejarse presionar por quien manejó los hilos de las comisiones de postulación y del Congreso para elegirlos; están llamados a recordar que su lealtad está con la ley y no con quienes los nombraron. Estamos esperando de la CSJ una resolución inmediata e independiente de los antejuicios pendientes y del TSE, la revocatoria de las candidaturas de las personas que no cumplen con los principios de honradez, capacidad e idoneidad para ocupar un cargo público. Sancionar a los partidos que ya superaron los techos de campaña sería también una señal inequívoca de su compromiso con el estado de Derecho. ¿Pedimos demasiado?