En Guatemala y en muchos países existe una larga historia de subsidios al consumo de electricidad. Han evolucionado desde subsidios que originalmente beneficiaban a todos, incluyendo a los grandes consumidores de electricidad, hacia subsidios que solo benefician a los más pobres. En muchos países se facilitó la reducción de los subsidios para los que no son pobres, debido a que los precios de la energía cayeron como consecuencia de la reducción de los precios del petróleo y a políticas eficaces de diversificación de las fuentes de energía.

La reducción de subsidios es positiva si estos no benefician a los más pobres, sino a familias de medianos o altos ingresos. Reducirlos también promueve un uso más eficiente de la energía. A su vez, se pueden utilizar los recursos ahorrados para atender a las familias más pobres. En Guatemala el aumento de la generación de energía, combinado con la reducción del precio del petróleo, también ha contribuido a reducir el precio de la electricidad en 2015. Tomando en cuenta lo anterior, la junta directiva del INDE, integrado por diversos ministerios, la ANAM y el Cacif, aprobaron hace poco una propuesta de reducir los subsidios de aquellos consumidores que consumen más de 76 kilovatios/hora (kWh) por mes. Ya se han beneficiado parcialmente de la caída del precio de la electricidad, pero ahora correspondería pasarle el subsidio que tienen a los hogares más pobres. Con esta medida hay un grupo de hogares que pierde y otro que gana. Los que consumen entre 76 y 100 kWh por mes sufrirán una reducción del subsidio que les otorga el INE, pero de acuerdo con estimaciones de Segeplán no son hogares en una situación de pobreza. Por otra parte, el grupo de más de un millón de hogares que tendría mayores subsidios, y que tendría que pagar un precio menor, se encuentra en una situación de pobreza: consumen menos de 58 kWh por mes, lo cual generalmente involucra contar con un foco en la casa, un radio y un aparato de televisión. El precio que pagarían bajaría entre 14% y 27%. Atender a estos hogares es particularmente importante ante la creciente evidencia de que la proporción de familias en una situación de pobreza extrema en Guatemala ha aumentado de manera marcada últimamente. Además, la propuesta tiene la ventaja de que reduciría el monto total de subsidios que proporcionaría el INDE, con lo cual reduciría su déficit, provocado no solo por subsidios, sino ahora aumentado por su menor capacidad de generar energía debido a sequías. Con una situación económica ya estrecha y con una brecha financiera el año pasado, se estima que este año el déficit del INDE podría alcanzar más de Q850 millones, lo cual constituye una obligación que el Estado tendría que cubrir. El INDE está al borde de la quiebra. Al reasignar los subsidios para concentrarse en las familias que están en una situación de mayor pobreza y al reducir el monto de subsidios injustificados, no solo se atendería a los más pobres y se reduciría la desigualdad, sino que también se evitaría un mayor debilitamiento financiero del INDE. La austeridad se impone.

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