Prensa Libre

MARIO ANTONIO SANDOVAL

en especial cuando han sido sugeridos o cuando han sido calificados de necesarios para lograr el fin político fundamental de todo régimen, es decir, mantener la popularidad y aumentarla.

A DIFERENCIA DE la integración inicial de un gabinete de gobierno, donde en muchos casos los integrantes tienen poca experiencia o no la poseen en la dirección de entidades públicas, la sustitución conlleva una mejor escogencia, entre otras razones porque los errores de quienes deben ser cambiados aumentan el interés de conocer quién llega y cuáles son sus cualidades administrativas, políticas y personales. Por aparte, en el caso de instituciones estatales autónomas —es decir, no directamente dentro de la férula de la influencia gubernativa, aunque sí parte del aparato estatal— el Ejecutivo necesita estar seguro de pisar tierra firme a fin de no interferir de manera ilegal y con ello colocarse en una posición indefendible y fácil de derrumbar.

EN OTRAS PALABRAS, resulta fundamental para un presidente no dejar la puerta abierta a interpretaciones válidas pero posiblemente equivocadas. El caso del Instituto Guatemalteco de Seguridad Social es un buen ejemplo. Se trata de una entidad descentralizada y autónoma, con sus propias autoridades, cuyas acciones están definidas en la ley. Pero además, a pesar de la falta de contribución del Estado guatemalteco a sus obligaciones con la institución, desde hace años, tiene multimillonarias cantidades de dinero, y eso ha sido la razón por la cual en algunas ocasiones el manejo del Seguro Social constituye un premio político. Esto trae consecuencias negativas porque este puesto tiene en su integración mucho de técnico, aunque al final es político.

EL PRESIDENTE OTTO Pérez Molina, según mi criterio, tiene un problema en este momento porque se hizo pública su decisión de remover al presidente de la directiva del IGSS, cuyo período termina dentro de algunos meses. Se puede entender el interés presidencial porque llegue una persona más proclive al partido de gobierno, pero tampoco me parece sostenible si se utilizan criterios técnicos o legales. Es imposible para el Ejecutivo evitar la suspicacia entre las personas para quienes se trata de una acción ilegal (destituir al presidente del IGSS) y colocar a una persona de su absoluta y total confianza para manejar una entidad con mucho dinero y con la posibilidad de influir en cualquier forma en la seguridad social, una fuente de votos.

EN ESTE MOMENTO, SOLO existe una posibilidad al alcance del mandatario: no dar un paso atrás, sino no avanzar en su deseo de cambiar a este funcionario y esperar el fin del período de este, lo cual ocurrirá a mediados de este año. Los beneficios para él en lo personal son evidentes: por un lado, demostrar una capacidad de escuchar criterios correctos pero contrarios a los suyos, y luego aceptar la validez de la tesis a favor del respeto a los plazos de los puestos. No hacerlo puede ser interpretado como una especie de “golpe de estado técnico” a una entidad estatal. El gobierno, mientras pasa el tiempo, debe cumplir con el pago de las cuotas estatales del Seguro Social, una de las causas por las cuales el servicio es deficiente en demasiadas áreas.