Habida cuenta de que las manifestaciones populares, inmensamente cívicas, y sin conexiones partidistas, han conmovido al poder político tradicional hasta sus entrañas, ahora resultan algunas personas presentándose como promotoras, guías y factores claves de ese movimiento que nace limpio en todo el territorio nacional e irradia sus emociones a las comunidades de guatemaltecos residentes en otros países.

Pero, no solo quieren pescar en aguas revueltas sino que, además, desde las tribunas públicas se arrogan la autoridad de dictar a la población cómo deben ser sus futuras manifestaciones, qué deben reclamar y qué cosas no deben reclamar.

Lo significativo es que algunas de esas personas interesadas en apropiarse del movimiento cívico o de socavarlo saben, o deberían saber, que también contra ellas y lo que representan es que se ha levantado la protesta multitudinaria la cual ha sido, en sus inicios, un movimiento sin distinción de ideas políticas, creencias religiosas, condiciones sociales, culturales y económicas de quienes marchan por las calle gritando contra la corrupción en los tres organismo del Estado.

A los que lanzan alertas sobre el exceso en las demandas populares, los mueve, por supuesto, el temor a los cambios fundamentales en la estructura del sistema de Gobierno que, por esencia, debería ser civil, siempre.

Estos amigos condicionales de las manifestaciones se muestran partidarios de sacrificar a determinados funcionarios públicos; pero, no aceptan que el sistema político sea erosionado ni en lo menos importante. ¿Por qué motivo? Porque fue creado por ellos y para ellos y desean seguir disfrutándolo por más tiempo.

Mas, sin destruir el sistema “democrático”, se pueden mejorar mucho las cosas, como ha sucedido en otros países, principalmente Costa Rica que cuenta con el sistema democrático más antiguo de la región centroamericana. Su lema nacional fue siempre que ese país cuenta con más maestros que soldados.

Guatemala camina en otro sentido. En un programa del Canal 23, la semana pasada, uno de los entrevistados dijo que en la Superintendencia de Administración Tributaria (SAT), señalado hoy como el centro nervioso de la los defraudadores fiscales, trabajan cerca de cien militares en funciones esencialmente civiles.

No hay ilegalidad en esa integración del personal de la SAT, pero el hecho debe ser tenido como uno de los pasos para afianzar una cada vez más amplia militarización de la Administración civil, pues en otras instituciones muchos de los altos cargos públicos de alto rango están igualmente en manos de militares en condición de retiro.

Es seguro que esos militares que trabajan en la SAT son honorables, especializados en estudios de Derecho fiscal y tributario y, además, disciplinados.

El militarismo en Guatemala es antiguo. Ha tenido 40 gobernantes militares y 13 civiles, estos con un poder disminuido frente al de los ministros de la Defensa Nacional. En algunos casos los mandatarios, civiles o militares, han estado bajo tutela y control de las fuerzas armadas como aconteció con el Estado Mayor Presidencial, integrado por militares que dependían orgánicamente del Ministerio de la Defensa Nacional, del cual eran subordinados y no de la Presidencia de la República.

Los antecedentes de esa forma de control militar de los presidentes guatemaltecos se remontan a 1894. Ha durado, pues, más de cien años, larga historia que terminó el 3 de diciembre de 2003 cuando el presidente de la República, Alfonso Portillo, disolvió el Estado Mayor Presidencial. En 2012, el Ministerio de la Defensa Nacional trasladó oficialmente al Archivo General de la República toda la documentación del EMP.

Esa situación deberá ser modificada en interés directo de Guatemala.