SÍ, LA POBREZA sigue igual o peor, y lo mismo se puede decir de la criminalidad, de los sin techo, de la dificultad de las personas para acceder a los servicios de salud y a las medicinas, y de los cientos de miles de niños que no van a la escuela, porque no hay suficientes edificios escolares, ni partidas para pagar a los nuevos maestros.

Se requiere, en verdad, una fuerte dosis desvergüenza para no interesarse, teniendo obligación de hacerlo, en esa situación trágica de numerosos escolares trabajando en el piso por falta de pupitres, o frente a las críticas frecuentes de que el sueldo de los maestros sufre atraso como consecuencia del mal funcionamiento de una administración carente de fondos.

Por supuesto, duele mucho que en el Instituto Guatemalteco de Seguridad Social los hombres de negocios jueguen con las necesidades de los trabajadores y ancianos enfermos y que en los funcionarios esté ausente la creatividad para resolver todos y cada uno de los problemas que ese instituto padece, particularmente la escasez de medicinas.

Pero, al lado de esas llagas en el costado de Guatemala, se produjeron brotes de una justicia que parecía condenada permanentemente al compromiso y al sometimiento; a la entrega inmoral, a la corrupción a cambio de reelección, al amaño de sus resoluciones y a una forma de ser, distante de los postulados de una justicia justa.

A ese renacimiento moral han contribuido, en primer término, varias mujeres, entre ellas Claudia Paz y Paz y Thelma Aldana, desde la Fiscalía General de la República; la magistrada Claudia Lissette Escobar Mejía, quien denunció a un diputado y la corrupción en las elecciones de magistrados; la jueza Yasmin Barrios, quien condujo un histórico proceso por genocidio y permitió reconocer judicialmente que en Guatemala durante el conflicto armado interno fueron cometidos delitos de naturaleza imprescriptible.

Esos hechos, en su conjunto, ofrecen la idea de que la justicia, pieza clave para el establecimiento de un verdadero Estado de Derecho, puede funcionar bien en Guatemala, siempre que quienes la administran tengan dignidad suficiente como para no dejarse intimidar por poderes extrajudiciales o dejarse seducir por los sobres llenos de billetes que solía obsequiar el Organismo Ejecutivo a los diputados, como lo admitió públicamente, en una iglesia de Quetzaltenango, el presidente Jorge Antonio Serrano Elías, en 1993, o por los legisladores que manejan el Congreso de la República como si fuera un negocio particular, como lo denunció en determinado momento un ministro de Comunicaciones, Transporte y Vivienda, poco después de renunciar a su candidatura presidencial, postulado por el partido gobernante.

Ese despertar de la justicia no puede ser examinado sin detenerse en la impactante actividad de la Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala, cuyas investigaciones penetraron en los cotos secretos de la Presidencia y Vicepresidencia de la República, hasta poner al descubierto que una poderosa red dedicada al contrabando en aduanas era dirigida desde las oficinas de esos dos altos funcionarios.

Pero, lo más importante de todo es que a partir de esos momentos, que sorprendieron gratamente al mundo, la revolución causada por los hechos mencionados y sus antecedentes, es que un presidente y una vicepresidenta están en prisión, a la espera de que sus procesos penales avancen y caiga sobre sus cabezas la sentencia correspondiente. Caso este que ha estremecido al país hasta sus cimientos

Y algo notoriamente curioso: al no intentar impedir el proceso por medio de las armas o por la fuga, los dos políticos encarcelados también han contribuido —sin quererlo o sin pensarlo— a que Guatemala cambie. En adelante todo el aparato estatal, en sus tres dimensiones, será fiscalizado por los procedimientos legalmente establecidos.

Y si no existiesen otros casos más, los comentados son suficientes para considerar que este año que está por terminar, debe ser considerado uno de los mejores desde la fundación de nuestra República hasta nuestros días.