Prensa Libre

Este es un fallo oportuno porque aclara muchas incógnitas, pero además les recuerda a los gobernantes que no es por simple inspiración que se implementan tareas específicas dentro del aparato público, pues lo anómalo de esa secretaría había sido denunciado desde el momento de su creación, y apenas un día antes de la resolución del máximo órgano constitucional del país, este periódico publicó la opinión de otros expertos que por apenas horas habían dictaminado lo mismo.

Pero la simple anulación de esa anomalía del Gobierno Central no es todo, pues de por medio transcurrió mucho tiempo en el que los funcionarios de la sui géneris dependencia se habían dado a la tarea de requerir información a otras dependencias públicas con la excusa de buscar transparentar ciertos procesos de otros funcionarios, cuando lo más evidente era que la anómala institución en realidad usufructuaba las funciones de otras instituciones, como la Contraloría General de Cuentas.

Lo cierto es que este revés para el Ejecutivo debería servir para tomar de una vez por todas con seriedad la transparencia en la administración pública, porque esa secretaría no solo era ilegal, como ahora se ratifica, sino que tampoco estaba destinada a cumplir con genuinos esfuerzos por combatir la opacidad, pues muchos actos de gobierno lo desmienten, como se puede comprobar actualmente con Guatecompras, que cada vez más se aleja más del ideal que alguna vez pudo representar en cuanto al manejo de recursos públicos.

De hecho, si el Gobierno realmente tuviera un serio compromiso de combatir los actos oscuros, debiera haber empezado por reforzar el portal en mención, que mal que bien cumplía con algunos requerimientos que han permitido esclarecer dudosas adquisiciones en las distintas dependencias del Estado, pero en cambio en lo que va de esta gestión han proliferado las compras directas y también abundan los ejemplos de adquisiciones que se fijan en menos de Q90 mil para ignorar así también la Ley de Contrataciones.

Bien harían los gobernantes no solo en respetar el marco legal nacional, y si de verdad les interesa que su administración se enmarque dentro de parámetros de transparencia, la mejor vía es el reforzamiento de las instancias existentes y a los responsables de dirigirlas es a quienes se debe exigir que velen por el buen uso de los recursos públicos sin distingo alguno, y no como hasta ahora lo hacía la inconstitucional secretaría mencionada, que en todo caso fijaba su objetivo en figuras que eran menos afines a determinados funcionarios para acosarlos con el fantasma de una transparencia mal entendida.