Prensa Libre

El Estado acumula una gran carga de responsabilidad, por la indiferencia e ineficacia que las entidades responsables de su investigación, persecución y aplicación de justicia han tenido durante décadas.

Sin pretender exculparlo, hay que reconocer que, con los recursos que capta, vía impuestos, no puede dar respuesta a sus obligaciones. Las titulares del MP, IDDP y el de la CSJ están clamando para que se aumenten sus presupuestos para hacer el trabajo que por ley les atañe. Otras instituciones enfrentan los mismos problemas, todos quieren más recursos, pero ¿de dónde se van a sacar si hay una resistencia obstinada e intransigente de los que tienen posibilidades de contribuir para que esta debacle no continúe?

La cooperación internacional ha sido muy generosa y hasta complaciente. Ha invertido millones de dólares y euros para ayudarnos a empujar el cambio. Que para el fortalecimiento de la justicia, que para infraestructura, para la transferencia de conocimientos, para la democratización, para la salud, para el combate de la delincuencia y muchos más rubros en los que se han gastado los impuestos de contribuyentes de sus países.

Pero ya Alemania advirtió que, para ellos, esto no puede seguir así, pues la diferencia de tasa tributaria es muy grande (allá 38% del PIB, aquí apenas 10%), a pesar de que hay sectores nacionales que podrían financiar nuestro desarrollo.

Otros países estarán meditando lo mismo. La respuesta de los aludidos es la misma de siempre: que no se metan, que no condicionen, que si la corrupción, que el derroche, que si la evasión, y mil pretextos más que no justifican su insensibilidad a contribuir con su país y un pueblo que es el que les ha provisto sus capitales.

En el caso de la trata de personas, el Estado no ha hecho prácticamente nada, no se cuenta con indicadores y datos para conocer y atajar estas violaciones a los derechos humanos. La evaluación anual del Departamento de Estado del Gobierno norteamericano del año 2010, posiciona a Guatemala en el renglón dos de vigilancia y señala que, de no existir avance en los programas de atención a víctimas que incluyan presupuesto para las instituciones responsables, se ponen en riesgo 126 millones de dólares que anualmente son donados a Guatemala por esa nación.

El Comité de Derechos del Niño de la ONU, en sus recomendaciones, hace un llamado al Estado para que asigne recursos presupuestarios para aplicar una política pública contra la trata de personas, lo que incluye la creación de albergues especializados y programas de atención a las víctimas.

Guatemala es fuente de tránsito y destino de personas que son tratadas con fines de explotación sexual, comercial y trabajo forzado, disfrazado como doméstico, especialmente niñas, adolescentes y jóvenes; hay turismo sexual, explotación sexual comercial de menores y pornografía infantil.

Todo lo referido consta en el Informe del Procurador de los Derechos Humanos; sin embargo, la cotidianidad de la violencia que sufrimos eclipsa este drama.